a protesta se pudo calificar como un acto provocado por el gobierno. Se contaron más de mil 500 saqueos y hubo un número similar de detenciones. Era el primer día de 2017 y aún gobernaba Enrique Peña Nieto.

Fue el gasolinazo. Muchas carreteras del país fueron bloqueadas por quienes rechazaban el aumento de 20 por ciento al precio del combustible decretado por el gobierno que iba de salida, mientras otros enfurecidos vandalizaban comercios.

Un par de días después la Comisión Federal de Electricidad también decretó aumentos en el costo del suministro de energía, eso sí parecía una provocación. El saldo de aquellos días de terror en cuanto a vidas humanas era de cuando menos media decena, entre quienes protestaban, los que se aprovechaban del momento para cometer ilícitos y la policía.

Así, el primer día de ese año amaneció bloqueada la carretera México-Querétaro, y en la capital las marchas de protesta llenaron buena parte de las calles. En total se produjeron 16 cierres de autopistas y en 30 entidades se vieron diferentes manifestaciones. Unas 400 tiendas Oxxo fueron saqueadas.

Fueron más de siete días de violencia nacida de una decisión gubernamental que perjudicaba, como ahora se sabe, a la mayoría de la población y otorgaba beneficios a un grupo de élite del gobierno y a las empresas a privadas.

Pero para algunos analistas, de esos que se anuncian como especialistas en el tema, más que comentar la decisión del gobierno que prendió la mecha, volcaba culpas a la fragmentación del submundo criminal, al crecimiento del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y hasta las elecciones que se avecinaban en 12 estados, pero nunca hablaron del factor gasolinazo.

Hoy que alguno de esos motivos de violencia sí podrían dar razón para su ejecución en algunos puntos del país, se pretende culpar al gobierno con argumentos alimentados de odio, más que con datos que configuren una tesis probatoria de la culpabilidad gubernamental.

De todas formas, cuando menos en corto, los representantes de las organizaciones empresariales más importantes del país aseguran, desde sus investigaciones y perspectiva, que los hechos violentos en el norte no tienen un vértice común, es decir, nada qué ver unos con otros, y ellos, que no dan paso sin huarache sabrán por qué lo dicen.

Y luego, ¿se podrán hallar datos precisos, las huellas de las manos que ante la desesperación e imposibilidad de seguir amasando fortunas golpean la seguridad del país?

Sólo hay que preguntarse: ¿a qué agencia le ha hecho daño la política de seguridad que impuso el gobierno?

De pasadita

Puede ser en el próximo informe de seguridad que rendirá Rosa Icela Rodríguez esta semana, o tal vez hasta el 16 de septiembre, cuando entregue el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pero en algún momento habrá de anunciarse que el cuerpo armado que se integra a la Sedena cambiará de nombre.

Las cuentas que dé la secretaria de Seguridad por este año de trabajo, aunque no podrán sonar a campanas de triunfo, sí se apegan a los planes y proyectos que se empezaron a señalar en octubre de hace un par de años, cuando fue propuesta para el cargo.

Aunque sin la Guardia Nacional, Rodríguez seguirá al frente de la dependencia y laborando en la tarea de crear ámbitos de seguridad entre la población. La tarea no ha terminado.

En otra cosa, les platico de volada que Morena se ha quedado sin opciones. Presentar el cochinero de su elección ante el TEPJF sería un suicidio y acrecentaría el desprestigio del organismo; reponer el proceso sin cambiar estatutos llevaría al mismo resultado y no hay tiempo, pero quedarse así, como hasta ahora, podría ser la mejor solución, sólo habrá que ver si lo permite la ley. Ya veremos.