En el presupuesto 2023, el gobierno continuará el recorte de sus gastos para absorber la crisis, pero se mantendrá un incremento en el gasto social, anticipó Morena en la Cámara de Diputados.

Ignacio Mier señaló que ya se trabaja con Hacienda el proyecto de ingresos y egresos, que debe ser entregado a la cámara a más tardar el 8 de septiembre. Mientras, el secretario de la Comisión de Presupuesto, Carol Antonio Altamirano, consideró que, como para 2023 ya no se requieren fondos para el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el presupuesto se deben reorientar los recursos a proyectos de infraestructura social en los estados.

Morena –que prepara su plenaria para el 25 y 26 de agosto en San Lázaro– anticipó que en la discusión del gasto buscará garantizar una vez más que no haya contratación de deuda pública ni déficit fiscal, como parte de las medidas para afrontar la crisis económica.

Ignacio Mier, incluso, sostuvo que se acentuará la reducción del gasto público, lo cual implica que el gobierno va a sacrificarse aún más por lo que se refiere a viajes al extranjero, que se van a reducir a lo mínimo indispensable para la relación comercial de México con otros países.

A su vez, Antonio Altamirano indicó que la cámara debe contar con datos precisos para la estimación de los ingresos públicos, por lo que la discusión del presupuesto del siguiente año implica revisar las estimaciones macroeconómicas que Hacienda presente a la cámara, que deben ser distintas a los precriterios de política económica entregados en abril.

Es posible que haya un menor crecimiento de la economía, que la tasa de interés aumente y habrá qué ver el efecto en la inflación y el tipo de cambio. Estas variables son fundamentales para proyectar las cifras en materia de ingresos públicos, precio del petróleo, costos financieros, evolución real del gasto, entre otros rubros, dijo.

Evaluó que la premisa de la cámara debe ser actuar responsablemente, ser realistas y evitar cifras alegres al distribuir los recursos, así como definir criterios para reorientar el gasto a proyectos de infraestructura económica y social, hidráulica, agua potable, saneamiento, caminos y carreteras, electrificación, mantenimiento de obras públicas, salud y educación.