Santiago. Los partidos oficialistas que sustentan al gobierno izquierdista del presidente chileno Gabriel Boric suscribieron un documento con promesas de reformas en cinco grandes materias de la nueva Constitución chilena, que será sometida a ratificación popular en tres semanas más y de la cual todas las encuestas auguran que será rechazada.

Las fuerzas políticas firmantes, en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva Constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que las chilenas y los chilenos, en el marco del plebiscito que celebraremos el día 4 de septiembre de 2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto, dice el escrito, agregando que intentan aclarar ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desin­formar a la ciudadanía.

Se trata de un intento casi desesperado para revertir la tendencia, pues los sondeos auguran que el Rechazo tiene entre cinco y 14 puntos de ventaja sobre el Apruebo; pero también fue visto críticamente como ejemplo de cómo la clase política cocina acuerdos a espaldas de las personas, esta vez interviniendo la soberanía popular depositada en la Convención Constituyente.

Las 10 organizaciones firmantes prometieron mejoras y aclaraciones en plurinacionalidad (consulta indígena, autonomía territorial y justicia), derechos sociales (pensiones, propiedad de las viviendas, sistema nacional de salud y educación); seguridad (reposición del estado de excepción constitucional); sistema político (mantener que iniciativas de gasto fiscal sean facultad exclusiva del presidente de la república); justicia (conservar el nombre de Poder Judicial y no sistemas de justicia y asegurar que el nuevo Consejo de la Justicia será integrado por una mayoría de jueces).

Tales materias son las que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional. Cabe hacer presente que conforme a la nueva Constitución, las siguientes propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana, dijeron.

La multimillonaria campaña del rechazo instaló falsedades que calan hondo en la población poco informada. Una de ellas tiene que ver con los privilegios que la Constitución indigenista da a los pueblos originarios, convirtiendo a los chilenos en ciudadanos de segunda clase. Por ejemplo, acerca del derecho a la consulta indígena, el documento compromete que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas; esto es, que no podrán vetar cualquier materia que se discuta en el país, como lo repite la campaña del Rechazo.

También acerca del consentimiento previo estipulado en el texto constitucional, se explicitará que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales; o que las autonomías territoriales siempre serán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas.

En cuanto a la justicia indígena, se precisa que se aplicará sólo a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales y que estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema.

Sobre la propiedad de las viviendas sociales –el Rechazo instaló que serán expropiables–, se asegura explícitamente que la propiedad de las mismas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.