Lima. La fiscalía peruana abrió ayer una nueva investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y su ex ministro de Vivienda y actual titular de Transportes, Geiner Alvarado, por presuntamente integrar una organización criminal. Es la sexta indagatoria contra el mandatario, un caso inédito en la historia de Perú.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objeto de la pesquisa está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.

Relacionados con este caso fueron detenidos esta semana para averiguaciones Yenifer Paredes, cuñada del jefe del Ejecutivo, los hermanos empresarios Hugo y Anggi Espino y el alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina.

Paredes fue presentada ayer ante el juez Raúl Justiniano, en una diligencia donde se confirmó que dio positivo por covid-19, por lo que es atendida en un área aislada. La hermana de la esposa de Castillo, de 26 años, se entregó antier después de que las autoridades allanaron el palacio de gobierno y la casa particular de Castillo en Cajamarca para aprehenderla. La fiscalía acusa a Paredes, Espino y Medina de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el mandatario. Castillo afirmó Twitter que “se hace mucho show mediático, para hacer creer que mi familia está en actos de corrupción. Ya pasó más de un año y no hay pruebas, sólo supuestos”.

La causa abierta incluye por primera vez a Alvarado, quien al momento de la adjudicación de las obras bajo sospecha, en octubre de 2021, se desempeñaba en la cartera de Vivienda. Castillo lo cambió este mes de sector y nombró ministro de Transportes.

La semana pasada, un equipo especial de fiscales intervino las municipalidades de Anguía y Cajatambo para recabar información sobre obras públicas adjudicadas a los hermanos Espino, a quienes relacionan con la cuñada del presidente.

Castillo lleva un año en el cargo para el cual fue elegido hasta 2026, y desde el comienzo de su mandato es asediado por acusaciones de corrupción por lo que partidos de derecha, que son mayoría en el Congreso, exigen su renuncia. La fiscalía abrió desde octubre de 2021 cinco investigaciones contra Castillo, de las que solo una se refiere a un caso previo a su elección.

Las causas son presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior.

También existen acusaciones de tráfico de influencias por ascensos a militares, además del plagio de su tesis universitaria. El gobernante niega todos los cargos.