Hemos asistido a un verdadero fraude a la ley por parte de los partidos políticos, expresó ayer la magistrada Janine Otálora, al explicar los motivos por los cuales el Tribunal Electoral ordenó –tras los comicios de 2021– la elaboración de lineamientos para asegurar que quien aspire a una candidatura indígena realmente pertenezca a un grupo originario.

El tribunal encomendó la construcción de los lineamientos al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual realizó una consulta el mes pasado y anunció que a más tardar el 7 de septiembre emitirá esta regulación para las candidaturas indígenas.

Otálora intervino en un foro sobre los alcances de la participación y representación política de los pueblos originarios, que se realizó en Hidalgo en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La magistrada también se refirió al rezago legislativo en cuanto a la ley general de consulta a este sector de la población, cuyo objetivo es avalar la toma de decisiones –incluido el autogobierno– con base en las normas propias, usos y costumbres.

Expuso que si bien en 2021 esa ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, sigue pendiente en el Senado, por lo cual hasta el día de hoy es letra muerta, lamentó.

La ley, manifestó, es un derecho bisagra que da paso a todas las garantías que deben tener las comunidades y pueblos indígenas.

A su vez, Álvaro Esteban Pop, representante de los pueblos indígenas de América Latina y El Caribe, señaló que no se trata únicamente de evaluar los retos de la consulta, sino también los pendientes sobre plena participación democrática y cumplimiento de los derechos constitucionales logrados a lo largo de 200 años de vida libre de las naciones de Latinoamérica.

El magistrado Felipe de la Mata se manifestó a favor de que sea la propia comunidad la que resuelva sus problemas, particularmente los de representación, con base en sus reglas, y lo deseable es que haya jueces especializados que sean indígenas.