En el país, los pueblos originarios continúan siendo objeto de prácticas de discriminación estructural que limitan su acceso pleno a la protección de la salud, a la buena alimentación, a una vivienda digna, a servicios de justicia imparcial y expedita, así como a disfrutar de todos los beneficios, programas y acciones que el Estado dispensa, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) firmaron un convenio tendiente a contrarrestar prácticas discriminatorias hacia el sector.

En el Complejo Cultural Los Pinos, Claudia Morales Reza, titular del Conapred, subrayó que el objetivo es construir una agenda colaborativa centrada en la dignidad de las personas, y Adelfo Regino, titular del INPI, exaltó la lucha que han dado las personas indígenas para defender sus derechos humanos, lo cual se refleja en instrumentos jurídicos internacionales como el que se refiere a la libre determinación.

La CNDH llamó de manera urgente a que el Estado mexicano establezca un nuevo pacto con estas comunidades, se coloque a la interculturalidad como política de Estado y, de esta manera, se consolide al país como una nación pluriétnica y multicultural.

Los derechos indígenas exigen una defensa y protección basada en la diversidad y pluralidad cultural, pero al mismo tiempo, que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción plena de sus derechos.

Expresó que siguen padeciendo dinámicas de pobreza, exclusión, desigualdad y marginalidad, las cuales impiden que sus derechos, a pesar de estar reconocidos a nivel constitucional, sean efectivamente respetados en los hechos.