El juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a Luis Vizcaíno Carmona, director de Jurídico y Gobierno en la entonces delegación Benito Juárez, quien se encuentra preso acusado de enriquecimiento ilícito, para que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina no utilice el término cártel inmobiliario en la investigación que inició en su contra.

De esta manera, la dependencia debe suspender el uso de dicho calificativo en la indagatoria, así como difuminar su nombre y rostro del comunicado que difundió en la red social Youtube el 31 de julio, en tanto el juez llega al fondo del asunto.

La suspensión no es en contra de la vinculación a proceso que ordenó un juez la semana pasada por su presunta participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, como resultado de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley.

De acuerdo con la investigación de la FGJ, se le señala de favorecer y obedecer a presiones de las empresas constructoras para realizar de forma violenta desalojos sin diálogo de por medio, y de posibles extorsiones a empresarios.

Ello presuntamente le permitió hacerse de forma ilícita de un patrimonio que no corresponde a sus ingresos como servidor público –de 2009 a 2016–, al igual que el ex director de Obras y Desarrollo Urbano Nicias Aridjis Vázquez, quien es buscado por las autoridades.

Hasta el momento han sido cateados y asegurados 42 inmuebles involucrados en el caso, informó la fiscalía, que destacó que “posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía –Mario Palacios, Jorge Romero y Christian von Roehrich– para obtener beneficios ilícitos”.

Su abogado, Gabriel Regino, informó que se interpuso una solicitud de juicio de garantías por la violación sistemática al debido proceso, al generarse una destrucción mediática de su imagen, que viola la presunción de inocencia y su derecho al acceso a la justicia.

Añadió que se pisotea su dignidad y es presentado a la sociedad como culpable, por lo que en el incidente de suspensión 638/2022 se reclamó también la difusión que se hizo del anuncio del caso a medios de comunicación el 31 de julio.

Consideró que “estamos ante una situación inédita de actuación de la Fiscalía General de Justicia, cuando para dar a conocer la existencia de una investigación contra diversas personas utiliza la frase ‘cártel inmobiliario’ para criminalizarlas”.