La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó ayer, por unanimidad, el anteproyecto de acuerdo, que deberá ser avalado por el Consejo General, por el que, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, por un monto total de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos.

El rubro de financiamiento público anual para las actividades ordinarias de los siete partidos nacionales con registro sumará 5 mil 936 millones 16 mil 484 pesos; para las actividades específicas de esos institutos políticos, se destinarán el próximo año 178 millones 80 mil 49 pesos; para la franquicia postal de los mismos, se otorgarán 118 millones 720 mil 32 pesos, y para la franquicia telegráfica, $693 mil 490.

En sesión extraordinaria de esa comisión, se determinó que con base en la fórmula que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política, el financiamiento que corresponde a cada partido y que será discutido esta semana en el Consejo General es el siguiente:

A Morena le corresponderán 2 mil 964 millones 875 mil 498 pesos; al PAN, mil 184 millones 481 mil 589 pesos; al PRI, mil 160 millones 947 mil 604 pesos; a Movimiento Ciudadano, 633 millones 356 mil 970 millones de pesos; al PVEM, 555 millones 44 mil 981 pesos; al PRD, 466 millones 876 mil 631 pesos, y al PT, 446 millones 886 mil 950 pesos.

Durante la sesión de trabajo, el presidente de la Comisión, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que pese a lo poco prestigioso de entregarle dinero a los partidos políticos se garantiza el pleno desarrollo democrático de nuestros procesos electorales y se contribuye decididamente a que la política sea un ejercicio compartido por la sociedad mexicana sin el peso determinante del dinero privado.

El consejero Espadas precisó que, por mandato legal, el INE está obligado a formalizar la entrega de estos recursos y no puede alterar los montos que se asignan a cada fuerza política.

Éstos son dineros que garantizan dos cosas fundamentales en nuestra democracia, la primera es permitir que haya partidos competitivos, aunque no dispongan de grandes donativos de intereses privados y que los ciudadanos puedan en plena libertad expresar su auténtica voluntad en las urnas gracias a un mínimo de equidad, apuntó.