Adrián Fernández Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán, admitió la ampliación de la demanda de amparo que promovió Greenpeace México para el tramo 5 del Tren Maya, con el que busca se cumpla con el Acuerdo de Escazú. Este recurso es independiente a los tres que el impartidor de justicia revocó esta semana.

Sobre esto último, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat) dijo que la anulación de los amparos confirma que el Tren Maya camina con apego a la normatividad ambiental. Manifestó su beneplácito ante la revocación de tres suspensiones definitivas de amparo (884/2022, 923/2022 y 1003/2022) respecto a las obras de tramo 5 Sur.

Agregó que la decisión del juez Novelo Pérez, confirma que la autoridad federal acreditó la documentación solicitada. Permitir que continúe la ejecución de las obras del Tren Maya representa un paso importante para seguir avanzando con el desarrollo sustentable del sureste del país, siendo un proyecto de interés nacional por el beneficio que llevará a las comunidades rurales más necesitadas de esa región.

En conferencia de prensa, Greenpeace México expuso que señaló que el convenio de Ezcazú entró en vigor en el país en 2021, y mandata a México a cumplir con el derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos medioambientales en América Latina y el Caribe.

Pidió al impartidor de justicia que declare inconstitucional la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Sermarnat para el proyecto Tren Maya tramo 5 sur, ya que “menoscaba los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales, reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Dicha ampliación solicita al juez se declaren algunas medidas de reparación, entre ellas la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento.