El juzgado primero de distrito en Yucatán aplazó para el 9 de agosto la audiencia en la que determinará si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán, señaló que aplazó la diligencia ya que las autoridades aún no rinden su informe previo, por lo que difirió la diligencia para el próximo martes a las 9 de la mañana.

Asimismo, el togado desechó la prueba pericial que presentó la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con la que pretendían demostrar que se retomaron las obras en dicho tramo que comprende de Cancún a Tulum en Quintana Roo.

La abogada de la asociación, Antonella Vázquez Cavedon, solicitó que la prueba debía realizarse en el “municipio de Puerto Morelos y que son apreciables desde el kilómetro 5 de la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes, con la intención de inspeccionar si se están realizando obras que pertenecen al tramo 5 norte del proyecto.

Solicitó que el fedatario que realizará la prueba mediante sus sentidos inspeccionara si se están llevando a cabo obras en ese momento, o si puede verse que se han realizado trabajos, y que están relacionadas con dicho tramo.

El juez estimó que dicha justificación es ambigua e imprecisa, pues no se ofreció de manera clara, ya que la quejosa no señaló la finalidad de la misma, además, sostuvo el juez, no es la prueba idónea para demostrar todos los puntos que requiere se inspeccionen, toda vez que la persona que en su caso la llevará a cabo, no podría determinar de forma fidedigna con sólo los sentidos, si se están llevando a cabo obras en ese momento en el lugar referido o si las mismas se han estado llevado a cabo como parte del proyecto Tren Maya en su tramo 5 norte.

El togado agregó que para ello se requiere no sólo de lo que el fedatario pueda observar y escuchar, sino que es necesaria mayor información por parte de las autoridades o personas que están realizando esas obras, que la simple manifestación de las personas que ahí se encuentren, lo que evidentemente no se obtendría por la sola inspección de un fedatario en el lugar precisado, por lo que se concluye que no procede admitir y desahogar la prueba de inspección que nos ocupa, señala el acuerdo de Novelo Pérez que se publicó ayer.