La Fiscalía General de la República (FGR) informó que está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales de carácter electoral y patrimonial, así como por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien gobernó de diciembre de 2012 a noviembre de 2018.

La institución federal que encabeza Alejandro Gertz Manero dio a conocer que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española anteriormente denominada OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.

Asimismo, explicó la FGR, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.

El Ministerio Público Federal informó que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Como en otros casos trascendentes, la fiscalía general refirió que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.

Funcionarios ministeriales señalaron que existen denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) sobre el presunto financiamiento ilícito por parte de la empresa española OHL (ahora denominada Aleatica) a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Esa querella estaba a punto de ser declarada con un no ejercicio de la acción penal en 2019, pero la Fisel consideró entonces que había diligencias aún por realizar y a la fecha no se ha dado a conocer la conclusión del caso.

Sobre las investigaciones por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos patrimoniales, las fuentes consultadas refirieron que están a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), que dirige Juan Ramos López, y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

El informe de la UIF

El pasado 7 de julio, durante la conferencia mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer que el ex mandatario se benefició de transferencias internacionales que debían ser investigadas, toda vez que antes de ocupar el cargo de presidente de la República constituyó dos empresas con familiares.

Gómez explicó que una de las compañías, relacionada con una industria de carácter internacional, se convirtió en proveedor gubernamental durante la administración peñista, y se le otorgaron contratos por 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.

Durante esa conferencia, en la que el titular de la UIF informó de la presentación de denuncia ante la FGR, indicó que el ex mandatario recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos, y en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.

Las empresas tienen como giro el comercio, pero no están en una sola rama. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021 por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.