En una denuncia que presentó ante el Tribunal Latinoamericano del Agua hace una década, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) advirtió de 220 conflictos por este recurso y expuso un panorama que en gran medida aún prevalece: deterioro hídrico ambiental del país, omisiones y violaciones de distintos niveles de gobierno en la aplicación de la legislación ambiental, así como la captura del Estado para dirigir la política pública hacia la privatización de las fuentes hídricas y los servicios relativos.

Los conflictos afectaban a muchas comunidades locales, barrios populares y organizaciones sociales de toda la República. Buena parte de estos conflictos involucran el aprovechamiento privado o estatal de recursos naturales y su destrucción paulatina, así como un gran número de violaciones jurídicas, de incumplimientos, de corrupción y de incomprensión estatal hacia los reclamos de las víctimas.

En un documento de unas 500 páginas, la ANAA señaló omisiones, incumplimientos e incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para realizar las funciones normativas, lo cual generó numerosos conflictos sociales, regionales y nacionales, y enfrentó la crisis con la privatización y la construcción de infraestructura hídrica.

En el documento, la ANAA advirtió que es un hecho ampliamente reconocido que quien logra dominar los recursos hídricos puede controlar la vida misma; sin agua los cuerpos vivos fallecen y con agua de mala calidad se degradan y enferman. Su control ha sido el punto de partida para el dominio general de la economía, la sociedad, la política y la cultura, esto es, de la totalidad reproductiva social.

El caso presentado por la ANAA fue Posible colapso hídrico en México y violación al derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones.

El tribunal, que tiene carácter ético, resolvió condenar al Estado mexicano por la violación a tratados internacionales y a la legislación nacional que garantizan el derecho humano al agua; además, le pidió reconocer el creciente deterioro de este derecho y alertar sobre la conflictividad social.