a situación de muchos organismos –de los llamados autónomos–, donde sus funcionarios prefieren perder cualquier asignación que ver tocados sus salarios, se complica cada vez más.

Y lo peor es que usen la ley para burlarla; me refiero a los amparos que han obtenido para no cumplir con los preceptos legales que los obligarían a, por ejemplo, ajustar sus salarios a lo que el Presidente de la República obtiene por su trabajo.

No se trata de señalar aquí si son justas o no las remuneraciones que devengan los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o los funcionarios del Banco de México (BdeM) u otros organismos, sino del cumplimiento que deberían seguir a lo que la ley argumenta.

Por ejemplo, nos enteramos hoy luego de una pregunta, o mejor dicho de la denuncia de una reportera de Contralínea, que las reglas que benefician a quienes trabajan en el BdeM no han cambiado para nada.

Si ya sabíamos que el INE ha usado las puertas falsas para evitar cumplir con la ley, manipulándola en su beneficio, suponíamos que éste y algún otro serían los únicos que se negarán a cumplir con lo establecido legalmente y que todos los demás habrían cumplido al pie de la letra, pero no; resulta que en el Banco de México los salarios de quienes allí laboran alcanzan hasta 400 mil pesos mensuales.

Pero no se trata de cuánto devengan. Tal vez el esfuerzo por el trabajo que desempeñan se compense con los montos, sino de tener en cuenta que hay una ley que ellos no cumplen y que da pie a que personajes tan dañinos para el país, como Ernesto Zedillo, tenga aún ahora un salario mensual que rebasa 100 mil pesos.

Es decir, el asunto no espanta sólo por lo injusto, sino también por lo aberrante. Pensar que del bolsillo de toda la población salen los recursos para que el hombre que vendió el sistema ferroviario del país, entre otros horrores, siga acaudalando fortuna, sí duele.

Entonces, ¿qué confianza se puede tener en esas instituciones que con base en amparos, concedidos por un aparato judicial infectado de corrupción, burlan la ley? ¿Cómo puede pedir el INE a los partidos políticos o a sus militancias que cumplan con lo legal si ellos no lo hacen?

La respuesta seguramente está en la reforma política, ahora en manos del Legislativo para su aprobación –ojalá–, o para su rechazo, pero que ya fue consensuada por la población –a favor– para evitar más injusticias.

De todas maneras serán necesarias algunas reformas, entre ellas alguna que establezca, por ejemplo, que los integrantes de un gobierno, organismos autónomos incluidos, no podrán hacer uso de las triquiñuelas leguleyas para evitar cumplir con una ley.

Y no hay mucho que discutir; quienes acepten trabajar en un gobierno, sea cual sea su símbolo político, tendrán que ajustarse a lo que la ley dicte, de otra manera la locura que hoy se vive se prolongará por mucho tiempo y no se vale.

De pasadita

Por cierto, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México se traen un muy buen lío por eso del presupuesto. Los partidos políticos están más que preocupados porque el organismo no tiene dinero para pagarles sus prerrogativas, y eso de que los políticos se queden sin lana es pecado mortal.

Lo malo es que en el gobierno ya se tomó una decisión y no se dará ni un centavo más al IECM, que tendrá que ajustar, por ejemplo, su estructura para cumplir con los requerimientos que demandan los partidos.

El asunto, por el momento, va creciendo en las barbas de quienes conforman el organismo y será en breve cuando de una u otra manera enfrenten la realidad: Esto, ya cambió.