Zama, el megayacimiento que está vinculado a las consultas solicitadas por Washington y Ottawa en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es el descubrimiento petrolero más importante que se ha hecho en el país en años recientes, pues el volumen de crudo equivalente que posee representa 10 por ciento de las reservas probadas del país.

El conflicto por el megacampo que se encuentra en las cuencas del sureste del Golfo de México comenzó en marzo de 2020, cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) determinó, después de varios meses de exploración hecha por el consorcio encabezado por Talos Energy, que se trataba de un yacimiento compartido, pues se encuentra cerca de la asignación AE-0152-Uchukil de la empresa estatal y la zona concedida a los privados bajo el contrato CNH-R01-LO1-A7/2015.

Bloque 7 es un consorcio encabezado por la estadunidense Talos Energy, la cual posee 35 por ciento de las acciones, mientras Sierra Oil & Gas Exploración y Producción –empresa adquirida en 2019 por la alemana Deutsche Erdoel AG y que después formó parte de Wintershall Dea– mantiene 35 por ciento y la británica Premier Oil, cuenta con 25 por ciento de las acciones.

Después de que la CNH determinó que Zama se trataba de un yacimiento compartido, la Secretaría de Energía (Sener) inició el procedimiento de unificación, para determinar si Pemex o el consorcio encabezado por Talos se harían cargo de la operación. En esa fase las negociaciones fueron entre Talos y Pemex.

Las exploraciones hechas por el consorcio determinaron que el megayacimiento cuenta con un volumen recuperable de entre 400 y 800 millones de barriles de crudo.

En marzo del año pasado, después de que la firma privada y la petrolera mexicana no llegaron a un acuerdo, la Sener intervino para para decidir y en julio del año pasado determinó que la empresa estatal sería el operador del primer descubrimiento petrolero hecho por un privado en 70 años y luego de que la reforma energética de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto, abrió el sector energético a la participación privada.

La dependencia determinó que sólo 49.9 por ciento pertenecía al consorcio encabezado por Talos y el 50.1 por ciento restante a Pemex.

Ante la decisión por la operación del campo descubierto en 2017, Talos manifestó su inconformidad e incluso llegó a desestimar la conclusión de un informe presentado por Pemex que afirmaba que la petrolera mexicana era la propietaria de la mayor parte del campo.