Miércoles 27 de julio de 2022, p. 31
Ciudad Juárez, Chih., Un juez del Tribunal Unitario Agrario ordenó a Transportadora de Gas Natural del Noroeste, filial de la compañía canadiense TransCanada, que retire la infraestructura del gasoducto El Encino-Topolobampo que instaló en el ejido de La Laguna, municipio de Bocoyna, y declaró nulos los contratos y convenios modificatorios celebrados entre ella y la asamblea ejidal.
La sentencia tardó nueve años, pues la compañía sólo pretendía pagar 9 mil pesos a cada propietario por sus terrenos, lo que causó molestia entre la comunidad rarámuri.
Además, Transportadora de Gas y un grupo de ejidatarios signaron hace nueve años un acuerdo sin asesoría jurídica para los dueños, que por no hablar español no supieron lo que aprobaron.
Luis Carlos Ramírez Flores y Damián Rascón Lechuga, abogados de la comunidad La Laguna, buscan una reunión con autoridades estatales para informarles de los problemas que existen en esa zona de la sierra de Chihuahua.
Con la instalación del gasoducto, la empresa de origen canadiense afectó más de 137 mil metros cuadrados de bosque, los cuales no han sido reforestados y tampoco es posible sembrar en ellos.
Asimismo, el juez solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evaluar los daños ambientales en la zona, que, a decir de los indígenas y de los representantes legales, son irreparables.
El fallo también ordena a Transportadora de Gas Natural del Noroeste que repare daños en la sierra, donde derribó cientos de árboles para construir la instalación, además de abrir brechas y carreteras.
Los afectados han protestado en varias ocasiones en la ciudad de Chihuahua; en 2019 fueron reprimidos por la administración del ex gobernador panista Javier Corral Jurado por bloquear y tomar la válvula del gasoducto.
En el expediente se menciona que en mayo del 2015 la comunidad rarámuri logró detener con un amparo la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo en el tramo que cruza por su territorio.
Sin embargo, gestores de la compañía presionaron y amenazaron a los indígenas y a sus dirigentes para que firmaran el convenio que les permitía cruzar por sus tierras.