n el contexto del Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio) participo en Washington D.C., Estados Unidos, en una cumbre mundial en la cual se abordan los avances y desafíos para erradicar este fenómeno delictivo en todas las naciones, destacando el día de ayer durante mi intervención el uso de la inteligencia financiera en la estrategia estructural que se requiere para combatir este crimen trasnacional, además de los métodos tradicionales de persecución del delito que figuran en la mayoría de políticas criminales en el planeta. Estoy convencido que perseguir la ruta del dinero de los tratantes y desmantelar sus estructuras económicas y financieras es una respuesta contundente en la detección y expansión de las redes de tratantes, cuya línea de acción no puede ser ignorada por más tiempo por la comunidad internacional si realmente queremos generar cambios sustanciales en la lucha contra la trata.
De acuerdo con el Reporte Global de la ONU sobre la Trata de Personas 2020, en 2018, cerca de 50 mil víctimas de trata de personas fueron detectadas y reportadas en 148 naciones. Sin embargo, dada la naturaleza encubierta de este delito, el número real de víctimas es mucho mayor; cuya repercusión en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con 65 por ciento de las víctimas identificadas. Sin embargo, se refleja un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior (35 por ciento del total de víctimas identificadas).
Aunando a lo anterior, se identifica que la explotación sexual se mantiene como la principal modalidad de explotación en el mundo (50 por ciento de los casos), pero se registra un aumento en casos cuantificados con la finalidad de trabajo forzado que afecta principalmente a hombres y niños (de 34 por ciento en 2016 a 38 por ciento en 2020), y otras formas de explotación, como la mendicidad ajena.
En la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, se da cuenta que en el caso de México, la trata de personas es uno de los principales delitos precedentes al lavado de dinero. Además de que se observa que la delincuencia organizada ha diversificado sus actividades hacia otros ilícitos distintos al tráfico de drogas, con ganancias considerables, como el que se analiza. De igual manera, figura entre los riesgos emergentes derivados del covid-19, al detectarse un incremento de la trata de personas, la explotación de trabajadores y la infantil en línea, las cuales poseen una probabilidad y nivel de impacto socioeconómico alto. Los traficantes utilizan cada vez más Internet, en particular las redes sociales, para identificar y reclutar víctimas potenciales.
En este sentido, la cantidad de víctimas de trata de personas en México va en aumento, en tanto que los traficantes tienen puestos sus ojos en los grupos vulnerables más golpeados por la pandemia. Las autoridades mexicanas identificaron 624 casos de trata de personas en 2021, lo que representa que la proporción de casos casi se ha duplicado respecto a los 393 registrados en 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México concentró el mayor número de casos con 180 en 2019, mientras que el año pasado, el estado de México tuvo 170 casos, seguido por Nuevo León, con 91.
El último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas detecta que los grupos considerados con mayor riesgo de trata en nuestro país incluyen niños no acompañados, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo y migrantes, desplazados internos, personas LGBT+, trabajadores del sector informal y niños en territorios controlados por pandillas, así como el hecho de que en mayoría de los casos la trata ocurre entre familiares, parejas, conocidos en redes sociales o mediante trampas relacionadas con empleos.
Otro aspecto preocupante que sobresale es el vínculo existente entre la corrupción y la trata de personas en México que, de acuerdo con informes consultados, se da constancia de la participación de agentes del Estado en la ejecución de operaciones de tráfico sexual, incluida la entrada irregular de víctimas extranjeras de trata al país. La estrategia contra la trata es estructural y debe abordarse, insisto, desde una perspectiva que incluya, además del procesamiento de penal de victimarios y funcionarios corruptos, como medida de prevención, el uso de la inteligencia financiera para abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales dedicadas a cometer este delito y evitar su refinanciamiento.
A manera de conclusión, no quiero dejar de mencionar en esta entrega, sobre la ausencia de estado de derecho que se mantiene en Tamaulipas de la mano invisible del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que, como he anticipado en redes sociales, sigue encaminado a apoderarse de facto de las instituciones del estado para salir impune de los hechos delictivos que se le imputan a él y a sus más allegados, y es el caso de pretender imponer al hijo del auditor superior estatal, Jorge Espino, como próximo alcalde de la ciudad de Reynosa, a costa de la persecución política en contra del actual alcalde (Morena), de la manifiesta corrupción que tiene cooptados a los ámbitos de procuración e impartición de justicia de la entidad, la anuencia de García Cabeza de Vaca y la nula independencia e imparcialidad de Jorge Espino como titular del organismo autónomo encargado de la fiscalización del estado, quien por dignidad debería renunciar y se está tardando.
