En 2006 y 2007, los pueblos de Oaxaca exigieron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El mandatario estatal utilizó a Los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinadas 26 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas. Otras más desaparecidas. La denuncia la hace Arturo Peimbert, fiscal del estado de Oaxaca.

Indignado por la reciente aparición del ex gobernador Ruiz Ortiz en un canal de televisión perteneciente al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el que fue primer Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca asegura, en entrevista con La Jornada, que el priísta tiene cuentas pendientes y se debe investigar cómo, estando al frente del estado más pobre del país, construyó el hospital Sedna en la Ciudad de México.

Narra también cómo fue que presentó el caso sobre la violación a derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Oaxaca, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, responsabilizando a Ruiz Ortiz, pero también a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

A continuación, parte de la conversación del fiscal con este diario.

–¿Que sucedió en Oaxaca en 2006 que ameritó llevar el caso a la Corte Penal Internacional de La Haya?

–Desde antes de 2006, el gobierno de Ulises Ruiz ejerció represión y violencia económica contra las organizaciones sociales. Utilizó mano dura contra prensa y defensores de derechos humanos. Encarceló a luchadores comunitarios. Pretendió doblegar al movimiento social. En la capital se ocultaba un poco la represión, pero era total en el resto de Oaxaca.

“Al frente de la Secretaría de Gobierno puso a una persona que jamás había caminado los pueblos de la entidad, emanada de una élite oaxaqueña de abogados y escuelas privadas, que no conocía la realidad de las comunidades: Jorge Franco Vargas, el Chucky.

“Ruiz experimentó modelos de represión ya vistos, pero con ingredientes nuevos, en los que no se viera la mano directa del Estado. Pongo un ejemplo: el cierre del periódico Noticias. Era el único periódico local que publicaba estos abusos. Utilizó a la CTM para montar una falsa huelga, tomar por asalto el periódico y acallar esa voz.

“La sección 22 del sindicato de maestros en Oaxaca representa, a través de sus colectivos, a todas las expresiones del movimiento popular. Su capacidad y potencia en sus negociaciones anuales permitían que existiera un amortiguador entre el Estado y la sociedad, pero Ulises Ruiz quiso romper este resorte.

“La sección 22 respondió con un fuerte paro sindical y la ocupación del Zócalo. En un operativo peligroso y muy mal planeado, Ulises Ruiz y Jorge Franco reprimieron a los maestros de noche, sin utilizar los protocolos para el uso legítimo de la fuerza. Les resultó contraproducente. En lugar de desalojarlos, se fortaleció una estructura magisterial hermanada con la sociedad, muy enojada por la violencia. Maestros, pueblos y sociedad civil se organizaron políticamente como una asamblea comunitaria, similar a las que se hacen todos los domingos en las comunidades: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Tomaron el estado y demandaron destituir al gobernador.

Conocí muy de cerca lo que sucedió en 2006. Fui parte de una comisión mediadora diocesana. Tuve acceso a testimonios muy graves, de tortura, desapariciones y vejaciones sexuales.

–Esta represión fue obra de las policías y se subrogó al crimen organizado. ¿Cómo fue eso?

–La protesta estaba muy organizada a través de la APPO. Había un colapso del gobierno. No funcionaban los cuerpos de orden público. No había policía estatal, ni Procuraduría persiguiendo delitos. Las oficinas estaban cerradas. No circulaba el dinero para programas sociales.

Pacto entre gobierno estatal y crimen organizado

“Ante esta situación, se ve un pacto entre el gobierno del estado y el crimen organizado. Era notable y visible que ocuparon a sicarios del crimen organizado para reprimir a la APPO. Mandaron a preparar grupos en cursos rápidos, para aprender a frenar la protesta. Agarraban a personas de diferentes partes del estado, los entrenaban y les daban armas de alto calibre. En esas unidades, sembraban gente de Los Zetas o de algún otro grupo delincuencial. Se trasladaban en vehículos sin placas. Las caravanas de la muerte eran uno de los grupos sofisticados.

“Había casas de seguridad en todo el estado, adonde llevaban a los detenidos para torturarlos. Muchos terminaron muertos o desaparecidos. .

“Los Zetas eran el grupo criminal preponderante en el sureste mexicano. Estaban tratando de tomar el control de estas plazas. En Oaxaca se les dio entrada total. El vínculo fue el profesor Alejandro Barrita, encargado de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial. Ya está muerto. Fue asesinado en una suerte de ocultamiento.”

–¿Qué sucedió con quienes eran bisagras entre gobierno del estado y crimen organizado?

–Fueron eliminados. No está vivo uno solo. Hablamos por lo menos de cinco personas que fueron claves.

“Todos ellos fueron ejecutados con violencia, con armas de alto poder, en distintos lugares públicos, en un periodo más o menos cercano.

El gobernador del estado conoció estos hechos. Por acción u omisión no los detuvo o más bien los alentó.

–¿Por qué llevar al Tribunal de La Haya la demanda?

–A mí me nombran Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Fui el primero. Tenía la obligación de investigar y contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

“Nos documentamos a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en ese momento tenía facultades de investigación. La Corte estableció que en Oaxaca, en ese periodo de tiempo, se cometieron violaciones graves a derechos humanos, probablemente constitutivas de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, ya no podían ser sancionadas porque había una prescripción al respecto.

“Durante el gobierno de Gabino Cue se nombró una comisión que elaboró un informe sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos ilegales, allanamientos sin mandatos constitucionales y otras vejaciones más.

“La sentencia de la Corte y el informe de la comisión de la verdad fueron pilares de nuestra investigación. Con estos dos precedentes, formulamos la teoría del caso. Para presentarla teníamos dos derroteros. El principio de definitividad estaba ya logrado. Se habían agotado las instancias nacionales para buscar justicia y había sentencias de ellas. El segundo era actualizar el Estatuto de Roma, que establece que este tipo de delitos tienen que ser documentados como sistemáticos y generalizados.

“Tuvimos dos enfoques, uno nacional y otro de Oaxaca. Hicimos un análisis histórico desde el 68. Mostramos los eventos de represión vividos en México durante estos años y cómo, en el caso de Oaxaca, se perfeccionó la fórmula de represión de la protesta social, utilizando por primera vez al crimen organizado. Establecimos el carácter generalizado del modelo.

“La teoría del caso concluyó que en Oaxaca se instrumentalizó un modelo de represión a la protesta social, dirigido y operado entre mandos policiacos de alto nivel y sicarios, predominantemente de Los Zetas. La presentamos a la Corte Penal Internacional de La Haya. Denunciamos al Estado mexicano por delitos de lesa humanidad, personificados en Ulises Ruiz, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Sin embargo, como la Corte le da voz a los estados-nación miembros, para manifestarse sobre lo denunciado, Edgar Elías Azar, embajador de México en los Países Bajos en ese momento, cabildeó para que no avanzara la denuncia. Y no avanzó, pero tampoco se desechó. Está viva. La cancillería podría pronunciarse sobre que no tiene objeción de que el Estado mexicano sea investigado por el periodo de tiempo en el que posiblemente se cometieron este tipo de delitos.

Se le dio voz; olvidaron a víctimas

¿Qué le parece que Ruiz se presente como adalid de la democracia?

–Soy fiscal general de Oaxaca. Por mandato constitucional me toca investigar las comisión de delitos en el estado. Tengo el compromiso de usar mi voz como ente público. Soy oaxaqueño. Me indignó profundamente escuchar a Ulises Ruiz como si fuera un líder, en un medio de comunicación nacional perteneciente al Estado. Antes que darle a él un espacio para denostar un proceso democrático, se debió privilegiar la voz de sus víctimas.

“Se debe investigar cómo, siendo gobernador del estado más pobre del país, construyó en la Ciudad de México el Hospital Sedna y una red de ocho nosocomios más, que cuestan millones y millones de dólares.

Él se presentó en un canal de televisión público nacional como crítico, cuando primero tendría que rendir cuentas de los pendientes que tiene en Oaxaca. Durante su administración se cometieron posibles delitos patrimoniales. Está vigente una orden de aprehensión en contra de su secretario de Finanzas. Estoy indignado.