Zacatecas, Zac., Miles de habitantes de unas 50 comunidades rurales de varios municipios de Zacatecas han sido víctimas de desplazamiento forzado en los tres años recientes, por las acciones punitivas de grupos de la delincuencia organizada que se disputan sus territorios y buscan instalar un narcofeudalismo, denunciaron investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), diputados y presidentes municipales.

En el foro sobre violencia, desplazamiento forzado y migración realizado el pasado fin de semana en el vestíbulo del Congreso local, expusieron que los pobladores también huyen debido a otras violencias, ocasionadas por las grandes trasnacionales mineras, que se apropian de oro, plata y cobre, entre otros minerales, como ocurre en Mazapil y Chalquihuites, y una cervecera que hace lo propio con el agua en Calera.

En el coloquio participaron los alcaldes de Nieves, Javier García Castañeda, y de Jerez, José Humberto Salazar, ambos de Morena, en cuyas localidades se padece la violencia de los cárteles de la droga; y el de Calera, Ángel Gerardo Hernández, del Partido Acción Nacional.

En el debate abierto al público, los participantes lamentaron que algunas autoridades, incluso federales, intenten minimizar un problema real, que no sólo es “un asunto de percepción, como se indica en las mediciones del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), ya que la población en general tiene miedo por lo sucedido y pánico de lo que está por suceder ante la indiferencia gubernamental.

Eso es lo que produce el desplazamiento en los municipios de Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Monte Escobedo y Tepetongo. No hablamos de unas familias huyendo, sino de comunidades enteras, advirtió Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la unidad académica de Estudios del Desarrollo de la UAZ.

Reprochó: Aquí sabemos que ha habido ausencia del estado de derecho. Y el Estado de alguna manera ha renunciado a parte de sus funciones. Pero, además, subrayó, no se debe ignorar que en Zacatecas tenemos también desplazamientos forzados por la megaminería. Aquí son las grandes mineras las que provocan esto en Chalchihuites y Mazapil, donde los gobiernos estatal y federal han sido permisivos con estas empresas.

El investigador criticó la postura de autoridades locales, que han cuestionado la labor de los medios de comunicación y periodistas al difundir los sucesos de inseguridad, como el gobernador morenista David Monreal, quien recientemente declaró que al realizar dicha labor se vuelven promotores de la delincuencia organizada.

“Estas afirmaciones son graves –alertó Moctezuma Longoria– porque si los periodistas se quedaran mudos nadie sabría y seguramente nadie sentiría, en términos de percepción, que hay peligro.

“Incluso pedir como mandatario que ‘Dios nos ampare’ cuando un grupo criminal dejó un carro con 10 cuerpos en la plaza de armas de Zacatecas, significa ‘no sé qué hacer’. Eso le quedaba bien decirlo a un obispo, pero no al responsable del Estado.”

La precariedad laboral también es agresión

En su intervención, Francisco Javier Contreras, docente de la unidad académica de Economía de la UAZ, refirió que hay violencias de las que nadie habla, como “los bajos salarios y el outsourcing. La precarización laboral es una violencia multimodal en Zacatecas, que incide en el tejido social y en el andamiaje de la convivencia”.

Expuso que en Zacatecas y en toda sociedad primero se producen esas violencias socioeconómicas, y ante el debilitamiento del Estado, aparecen las agresiones del crimen organizado.

La delincuencia obliga a los ciudadanos a huir de sus pueblos por hechos extremadamente violentos, como el que ocurrió en el sureste de Zacatecas hace una década, cuando cientos de sicarios de dos cárteles del Golfo y Los Zetas se enfrentaron en el municipio de Florencia de Benito Juárez.

Pero incluso esas disputas entre grupos criminales, puntualizó Contreras, tienen una explicación elemental: Todo tiene que ver con la economía; este fenómeno, la violencia, el trasiego de drogas, el desempleo, tiene una raíz de carácter económico. Y esta crisis económica, social, política y moral del país es producto de la descomposición sistémica que comenzó en los años setentas y ochentas.

El economista coincidió en que los megaproyectos son otro tipo de violencia que debe abordarse con mayor profundidad, porque los gobiernos nos han quedado a deber a la sociedad al abrirles las puertas. Y no hay una propuesta sobre qué vamos a hacer con el problema de la escasez de agua.

Planteó que en Zacatecas, como en todo México, no hay generación espontánea de la violencia; es un encadenamiento de factores, condiciones y situaciones.

Recordó que entre 2020 y 2021 hubo decenas de familias desplazadas de sus localidades en los municipios de Miguel Auza y Juan Aldama, que pidieron asilo para vivir en la frontera de Tamaulipas, ante la imposibilidad de cruzar a Estados Unidos o regresar a Zacatecas.

El munícipe de Jerez, José Humberto Salazar –donde se ubican 18 comunidades afectadas por el desplazamiento forzado de familias–, aseveró que este grave fenómeno se vive en amplios territorios del centro-norte de México.

Los cárteles se aprovechan de que existen poblaciones rurales con pocos habitantes, dispersas y aisladas, lo que hace que los aparatos gubernamentales estén debilitados; además, el número de efectivos es bajo, expuso.

El desplazamiento forzado al que obligan a las familias “es una especie de narcofeudalismo, donde la célula delictiva está presente de manera profunda en cada aspecto de los territorios que controla”, aseveró.

En contraparte, aseguró, existen pocas posibilidades de que los gobiernos locales puedan contener a los cárteles: Tenemos poco margen de maniobra para combatirlos, debido a que tienen un poder militar que rivaliza con el de ejércitos regulares, y la larga y desértica frontera que compartimos con Estados Unidos, el mayor exportador de armas al menudeo, les ha permitido armarse de forma aterradora.

El morenista explicó que, por su posición geográfica en el centro–norte del país, Zacatecas es codiciado por la delincuencia organizada: “Es el camino que conecta las dos costas nacionales y el campo de batalla por el control de la movilidad, por parte de las dos organizaciones criminales más poderosas de la actualidad: los cárteles Jalisco Nueva generación y de Sinaloa”.

El diputado migrante José Juan Estrada Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, –organizador del foro–, planteó: La idea no es hacer controversia ni un evento político; es para contextualizar y tener datos que nos puedan ayudar a los legisladores y a los gobernantes a tomar decisiones para generar políticas y acciones para atender a la población desplazada del estado.