l 5 de enero de 1978 mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida por elementos de la Brigada Especial y trasladada de manera inmediata al Campo Militar número uno. Entre enero y mayo de 1978, fue vista por cinco personas que también fueron trasladadas hasta instalaciones militares después de ser detenidas. Después fue llevada a la base naval militar número 7, en Pie de la Cuesta, Acapulco. A partir de entonces, no se supo más de ella.

Este es uno de los más de miles de casos de desapariciones por motivos políticos perpetrados entre 1965 y 1990, en su mayoría, con un mismo patrón: detenciones ilegales y traslados a instalaciones militares en diferentes localidades del país, donde algunos permanecieron por un tiempo determinado. Hemos conocido los lugares, los tiempos y los perpetradores por los testimonios de los hombres y mujeres sobrevivientes, quienes, pese a haber estado en la cárcel y el miedo a represalias, narraron sus historias frente a nuestras abuelas, ante notarios y periodistas.

Después de tantos años de exigencias, el pasado 22 de junio se abrió el gran cuartel para decirle al país lo que pasó en esas instalaciones: nuestros familiares fueron víctimas de interrogatorios irregulares, tortura y desaparición.

Ahí, me dirigí al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para decirles que las sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente de este país estamos presentes para reiterar la búsqueda de investigación, verdad y justicia. Que estamos listas para buscar y reconocer las pistas y los lugares usados en diferentes etapas.

El plan de trabajo que se asuma debe construirse y ejecutarse con la participación de las personas sobrevivientes y los diferentes actores para el esclarecimiento histórico, la justicia, la memoria, la reparación integral y el compromiso a la no repetición. Debe ser exhaustivo, sin limitantes y las investigaciones deben incluir las cadenas de mando. Necesitamos apertura para contar con planos y archivos que reconstruyan lo sucedido. Que las puertas que se entreabrieron no se vuelvan a cerrar.

Desafortunadamente, aún observamos la ausencia de autoridades claves, como la Fiscalía General de la República, que tampoco acudió a la ceremonia por la apertura de archivos. Solicitamos que el personal ministerial se sume y se comprometa en el proceso para encontrar justicia y verdad.

La historia rebelde fue ocultada por ex presidentes y autoridades. Pero aún en la actualidad esas historias son desconocidas por generaciones enteras, civiles y militares. Las conocemos por la transmisión de las y los sobrevivientes, pero exigimos las que nos faltan. Que el personal castrense colabore, que construya, con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, espacios y condiciones necesarios para que los elementos rindan su testimonio, como sucedió en 2002, cuando se consignó a varios perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Las huellas también se encuentran en los archivos militares y en los silencios de soldados retirados que hoy tienen la oportunidad de hablar.

No hay democracia con personas desaparecidas, decían nuestras abuelas. Hoy hay más de 100 mil. Reconocer que el Campo Militar 1 fue una prisión clandestina para muchos de ellos es un primer paso. Sin embargo, la misión no está completa. Necesitamos el compromiso de las autoridades y de la sociedad para que su memoria permanezca y los crímenes perpetrados por el Estado no queden en la impunidad.

* Versión actualizada de las palabras de Alicia de los Ríos Merino en la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.