A menos de dos meses de que concluya la regulación de precios máximos del gas licuado de petróleo (LP), diversas empresas del ramo –como Zeta Gas– han interpuesto solicitudes de amparo contra la prórroga de la medida implementada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, se han recibido estas solicitudes desde mayo pasado contra la ampliación del Acuerdo A/024/2021 emitido por el órgano regulador.

Según el expediente 233/2022 del Juzgado Segundo, en los primeros días de este mes la empresa Zeta Gas Veracruz, que ha sido señalada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como uno de los cinco grupos económicos que domina el mercado desde hace décadas, fue una de las interesadas en ampararse contra la medida que busca estabilizar el costo del energético de uso doméstico en el país.

Las empresas argumentan su inconformidad con la prórroga del acuerdo A/024/2021, el cual comenzó a aplicarse a finales de enero, luego de que concluyeran los primeros seis meses de la medida que tiene por objeto topar los costos finales a la población.

La medida fue implementada por la CRE el primero de agosto de 2021, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitió la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas LP en julio pasado. Datos de la CRE señalan que entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021, el combustible doméstico aumentó 28 por ciento.

Entre agosto del año pasado –cuando comenzó a aplicarse el tope de precios– y hasta los primeros días de junio, el costo promedio nacional del gas LP por kilogramo se ha encarecido 6.94 por ciento, y por litro 7.31 por ciento, es decir, menos de 1.60 pesos en casi 11 meses.

El juzgado tercero también recibió una solicitud de amparo y argumentó que la medida de las autoridades viola los artículos constitucionales 14 y 16.

En el expediente 615/2022 se incluyeron otros casos acumulados como el 513/2022, al cual le fue negada la suspensión definitiva, es decir, no procedió la medida cautelar por tratarse de una afectación al orden público e interés social.

El juzgado tercero –que en días recientes también recibió dos solicitudes de amparo por parte de Iberdrola por igual número de resoluciones de la CRE contra una planta en Querétaro y otra en Nuevo León–, tiene otros expedientes identificados como 616/2022 y 617/2022 para ampararse contra el tope de precios del gas LP.

La directriz buscó frenar el alza de precios del gas doméstico el año pasado, lo cual fue consecuencia de la reactivación de las actividades económicas tras la pandemia del covid-19.