La justicia administrativa echó abajo dos de las sanciones más significativas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso durante la administración de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Se trata de las inhabilitaciones, por 30 meses, para obtener contratos públicos que en octubre de 2020 se ordenaron a Laboratorios Pisa y su filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), dos de las compañías más grandes del ramo en el país, las cuales han sido señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de acaparar el mercado de distribución de medicamentos.

En una circular publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, la SFP indicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declaró la firmeza de la sentencia definitiva del 30 de junio de 2021, la cual deja sin efecto la prohibición a esas empresas y fue dictada por la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves, así como por la segunda sala auxiliar en el juicio.

Laboratorios Pisa está señalada de mentir en un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ello, se extinguen los efectos jurídicos de la circular 19/2020, publicada el 21 de octubre de 2020, por la que se había sancionado a Pisa con la inhabilitación para hacer contratos con el gobierno y sus dependencias.

Otra circular señaló que también quedó sin efectos la sanción a Dimesa.

De acuerdo con información de la SFP, Laboratorios Pisa y su filial Dimesa habían sido inhabilitadas para firmar convenios con el gobierno y se les habían impuesto sendas multas de un millón 170 mil pesos porque durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017 presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

La SFP investigó durante más de un año al corporativo, el cual mucho tiempo ha sido de los mayores proveedores de medicamentos del gobierno.

La sanción se generó por un procedimiento administrativo a raíz de una denuncia presentada por otra empresa ante el Órgano Interno de Control del IMSS y antes de que la Función Pública dictara la sanción; Pisa intentó infructuosamente frenar los procedimientos respectivos con amparos.

En 2021, otras salas del tribunal habían suspendido temporalmente las sanciones contra Pisa y Dimesa. En ese momento, la SFP señaló que continuaría defendiendo la legalidad de sus determinaciones, pero a la postre el tribunal dio la razón a las empresas que pidieron la suspensión definitiva de las determinaciones.