El ex director jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), José Febo Trujeque, acusado de haber colocado en valores bursátiles más de 800 millones de pesos del organismo para el que laboraba, consiguió que dos jueces federales le concedieran el beneficio de que su proceso penal se suspenda hasta que determinen si fue legal el auto de vinculación a proceso que le fue dictado en abril pasado. De esta manera no se podrá realizar la etapa de juicio oral hasta que los jueces de amparo determinen la legalidad de la resolución por la cual se encuentra sujeto a proceso penal.

Febo Trujeque y siete empleados y ex empleados del Issste se encuentran sujetos a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y les impuso medidas cautelares para enfrentar el proceso penal en libertad; sin embargo, a través de dos juicios de amparo, presentados ante los jueces sexto y décimo sexto en materia de amparo, todos los imputados consiguieron la protección de la justicia federal que impide por tiempo indefinido que siga su juicio.

Las resoluciones emitidas por los jueces de amparo detienen cualquier acto jurídico que pretenda llevar a la etapa de juicio oral la causa penal instruida en contra de los indiciados que en 2019 participaron en un fraude por más de 831 millones de pesos, relacionados con la adquisición de equipo médico y material de curación.

El caso en cuestión inició ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en marzo de 2021, cuando el entonces director normativo de administración y finanzas del instituto, Jens Pedro Lohmann Iturburu, presentó una denuncia y reportó que servidores públicos participaron en un esquema mediante el cual el Issste liquidó de manera irregular facturas que ya habían sido devengadas.

Una vez que el caso se judicializó, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso penal a los ocho involucrados en el pago indebido a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV.

Pero ahora todos los imputados quedan a disposición de los jueces de amparo y el proceso sólo continuará hasta que los impartidores de justicia determinen si la resolución de Zúñiga Mendoza estuvo apegada a derecho.