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Pandemia
Los municipios no pueden comprar los biológicos contra covid, define la SCJN
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de junio de 2022, p. 14

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del decreto sobre la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, que fue impugnado por el ayuntamiento de Huixquilucan, estado de México, el cual pretendía obtener un permiso para comprar vacunas y aplicarlas conforme a sus propios criterios.

La controversia constitucional 22/2021 fue promovida por el entonces alcalde Enrique Vargas del Villar, quien demandaba que se le dieran las autorizaciones necesarias a efecto de que este municipio pudiera adquirir las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, con el propósito de que el personal especializado las aplique de manera gratuita a la población residente en la jurisdicción.

Al no obtener respuesta de la Secretaría de Salud federal, el municipio acudió a la SCJN, a la cual pidió también la suspensión precautoria del acto reclamado, con la cual habría obtenido de inmediato el permiso para comprar las vacunas.

Sin embargo, el ministro encargado del asunto, Juan Luis González Alcántara Carrancá, le negó la medida cautelar al señalar que, para combatir la pandemia, era necesario que las acciones de los tres niveles de gobierno fueran coordinadas desde la Federación, según marca la Constitución.

Derecho a la salud

Apuntó además que el gobierno de Huixquilucan no argumentó en su demanda el derecho a la salud de los habitantes del municipio, y sólo invocó sus supuestas facultades para comprar y aplicar las vacunas sin la intermediación del gobierno federal.

Luego de seis meses de recabar alegatos, documentos y estudios legales, la primera sala de la SCJN resolvió el asunto, declarando infundada la queja de Huixquilucan, por unanimidad.

“Se reconoce la validez del acuerdo de coadyuvancia con la Secretaría de Salud en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2021”, señala el fallo aprobado, con lo cual se legitiman las facultades del gobierno federal para disponer reglas de carácter general y coordinar los esfuerzos contra la pandemia en todo el país.