o se vale, dijo Samuel García ante la crítica situación hídrica en Nuevo León. Expresaba su desacuerdo con el hecho evidente de que un puñado de empresas y particulares acaparen la mayor parte del agua y que la mayoría de la población no cuente con ella para sus necesidades elementales.

Se vivían las primeras semanas de sequía. La sociedad empezó a movilizarse y en sus manifestaciones cuestionaba la injusta y aberrante distribución del líquido. El lema de su crítica ha sido: No es sequía, es saqueo. Y pronto aparecieron en las redes las cifras ausentes en la boca de políticos, empresarios, en la información oficial.

La Jornada, con información de Raúl Robledo, ha dado seguimiento a varios momentos e implicaciones del problema. Desde el impacto inmediato de los cortes de agua que han afectado, como siempre, a la población más desprovista, y la especulación de las empresas de agua embotellada, hasta la irracionalidad en la distribución del agua en Nuevo León.

Se habla en México de los millonarios del agua; así como en otras dimensiones sociales, tiene como contraparte millones de parias.

Concesiones y permisos de explotación de grandes acuíferos han dejado por saldo un enorme despojo, daños humanos y ambientales y ganancias inauditas de empresas trasnacionales y nacionales. Encabezan la lista las de bebidas y alimentos, las mineras y las papeleras, entre otras. Quince de las que consumen más agua se hallan en Monterrey, según el Frente Nuevo León: concentran 44 mil 690 millones 222 mil metros cúbicos. De estas 15, las cinco cuyo consumo es mayor (Ternium México; Heineken, a través de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma; Vitro Industria del Álcali; Alfa, mediante sus subsidiarias; Coca-Cola Femsa, a través de Bebidas Mundiales) totalizan 31 mil millones 972 mil 531 mil metros cúbicos.

Al uso de esos grandes volúmenes hay que añadir los que concentran los particulares dedicados fundamentalmente a la agricultura. Entre ellos, los 34 más grandes consumen 19 mil millones 167 mil 38 metros cúbicos.

Dos añadidos más: el empleo masivo de agua que requiere el fracking y los increíbles volúmenes del huachicol hídrico. El gobernador García se ha asumido como superfiscal frente al robo de agua y ha encabezado el cateo de ranchos que se roban el equivalente de presas completas.

La consecuencia de la privatización del agua con fines lucrativos ha sido su escasez y el sufrimiento de comunidades enteras. Sólo los volúmenes de agua aquí reseñados significan 60 veces lo que Conagua tiene autorizado para el uso doméstico en Nuevo León, que es de mil 33 millones 950 mil metros cúbicos al año. ¿Pagan empresas y particulares que explotan el agua 60 veces más que la población?, ¿no debieran tener medidores y pagar una cuota superior puesto que es para hacer negocio con ella?

En el llamado Pacto del Agua, García dijo: hacemos un llamado enérgico a la Federación y a la industria, que no se le(s) olvide que el derecho del agua está por encima a (sic) lucrar. ¿Han tomado nota las comisiones de Derechos Humanos en el estado y la Federación, la Subsecretaría de Gobernación en el tema? En fin, ¿cómo hacer para que ese derecho abandone el ámbito declaratorio y se torne en una práctica cotidiana? ¿Qué hace la Conagua para cumplir la meta que se propuso a fin de que en 2030 haya acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos?

Como causas de la escasez de agua en Nuevo León, García ha señalado la sequía –relativa–, la negligencia y el robo durante el gobierno de su antecesor: de mafia ha tachado a los anteriores responsables de la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey.

Para resolver el problema de la escasez de agua su gobierno ha señalado, en principio, la realización de una auditoría general, en colaboración con Conagua. También ha elaborado un plan maestro para garantizar el agua de Nuevo León hasta 2050. La inversión para desarrollarlo será de 25 mil millones de pesos.

Contempla tres etapas. En la primera (2021-2022), recuperar el nivel mínimo (13 metros cúbicos por segundo) mediante, entre otras medidas, la terminación de la presa Libertad. En la segunda (2022-2025), la construcción del acueducto El Cuchillo II; derivar agua de la presa Vicente Guerrero, en Tamaulipas; volver a la toma de agua del río Pánuco para traerla a Nuevo León y –sin parpadear por la ingenuidad– participar en la construcción de una desaladora con Texas. La tercera (2027-2030), en estudio, podría elevar el nivel disponible hasta 30 metros cúbicos por segundo.

El plan encierra una trampa. Las frases de su gran final así lo denuncian: Pero como neoleoneses tenemos el reto de que nuestro consumo se reduzca. Para aspirar a que no necesitemos 16 metros cúbicos por segundo y aprendamos a vivir con 14 metros cúbicos por segundo.

Plan aparatoso y una inversión histórica para obtener, mínimo, 25 metros cúbicos por segundo. Más agua, pero no para la mayoría de la población –esa, como ahora, que aprenda a autorracionarse–, sino para los mayores consumidores de agua con fines lucrativos.

El grave problema de la falta de agua para la población sólo puede resolverse con una rigurosa política de Estado. Si durante la emergencia de la pandemia se tomó la decisión de reducir y hasta suprimir actividades económicas no esenciales, la emergencia hídrica exige tomar una decisión semejante, salvo que se considere que es esencial la producción de alimentos y bebidas chatarra.

Esa política no nos la puede quedar a deber el actual gobierno.