Diputados impugnarán la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), el cual ordenó al Congreso y a autoridades capitalinas a entregar 198 millones de pesos más al Instituto Electoral local (IECM) como parte de su presupuesto 2022.

Seis meses después de que el instituto impugnara la Ley de Egresos, el tribunal resolvió, en sesión pública, que hubo una violación a su autonomía, además de que los diputados no justificaron la reducción presupuestal del órgano, ya que si bien aprobaron mil 200 millones de pesos para 2022, de ese monto más de 400 millones están destinados a los partidos políticos, por lo que la partida real fue de 728 millones de pesos, aproximadamente.

Los 198 millones de pesos es justo el monto que el IECM adeudaría a los partidos en el último trimestre del año. Al momento, Morena y el PAN mantienen juicios ante el mismo tribunal, ya que no tienen garantizado su financiamiento público a partir de octubre próximo.

Si bien los magistrados ordenaron al Congreso reponer el presupuesto del instituto en un plazo de 15 días, la coordinadora de la bancada del partido guinda, Martha Ávila, informó que hasta ayer por la noche todavía no habían sido notificados al respecto, además de calificar como infundada la resolución del tribunal.

Aunque estén en todo su derecho, consideramos que al igual que el resto de las entidades públicas los órganos electorales deben aprender a ajustar su presupuesto al principio constitucional de austeridad. Es necesario que la función electoral entienda los tiempos que corren y deje de pelear por la vía judicial las decisiones que los representantes del pueblo hemos adoptado.

La morenista insistió en que se trata de manifestaciones de resistencia a los cambios de racionalización de gasto y austeridad. Nosotros seremos muy respetuosos de lo que decidan los jueces en esta materia, pero también demandamos el mismo respeto a la decisión que como poder soberano tome el Legislativo en esta y otras materias.

Ávila subrayó que las decisiones de aprobar el presupuesto son parte de las atribuciones constitucionales del Congreso y aclaró que la resolución emitida ayer no tiene que ver con la reforma aprobada en mayo al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que el Congreso aprobó la eliminación de cinco áreas del instituto.

Se prevé que esta misma semana empiece trabajos el nuevo comité que encabezará la restructuración del órgano, el cual deberá entrar en funciones antes del 1º de septiembre.