El gobierno federal impugnó la suspensión definitiva que un juez federal concedió a habitantes de la colonia Solidaridad para que autoridades detengan los trabajos del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, pues argumentaron daños a la selva.

Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya y de Nacional Financiera, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promovió el recurso de revisión.

El asunto se turnará a un tribunal colegiado, que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito en Yucatán, quien otorgó la medida cautelar.

Asimismo, Novelo Pérez fijó la audiencia constitucional para el 23 de junio, donde resolverá si concede el amparo a los tres buzos que se oponen a la continuación de la obra de dicho tramo, pues argumentan que se han hecho sin la autorización de la MIA.

Por separado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) afirmó que prácticamente todos los predios que se incluyeron en la declaratoria de utilidad pública dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, no pueden ser comprados de manera regular, pues tienen problemas de adeudos, pero los propietarios saben que sus terrenos serán expropiados y están en común acuerdo con Fonatur para ello.