or unanimidad, el 28 de junio de 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el derecho humano al agua. Contempla disponer de ese elemento fundamental para la vida en el planeta en cantidad suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. A partir de esa fecha, una parte importante de la comunidad de naciones efectuó reformas en sus legislaciones para garantizar dicho derecho.

El 8 de febrero de 2012 México lo incluyó en su Constitución, reformando el ar­tículo 4 y estableciendo claramente que todo ciudadano tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Y para que así sea ordena que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Con el propósito de lograr lo anterior se contará con la participación de los niveles de gobierno federal, los estatales y los municipales. Igualmente con la de la ciudadanía.

También se exhortó al Congreso de la Unión a emitir, en un plazo no mayor de 360 días, una ley general de aguas para garantizar el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, hasta hoy no se cumple ese mandato, que obliga a sustituir la obsoleta Ley de Aguas Nacionales de 1992.

En mayo de 2020, al fin la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados presentó el proyecto de iniciativa de la postergada ley. Aseguraron ser fruto de la participación de legisladores, organizaciones sociales, usuarios de riego y grupos empresariales. Finalmente el pleno la aprobó en marzo de 2021. Y dijeron que incluye el aprovechamiento sustentable, ahorro y uso eficiente del líquido a fin de asegurar su disponibilidad hoy y a largo plazo.

Pero falta que lo haga el Senado. Según Ricardo Monreal, presidente de su Junta de Coordinación Política, durante una renión que tuvo el mes pasado con los empresarios de Monterrey, se hará solamente hasta que haya un acuerdo entre los partidos políticos. La ciudadanía desconoce cuáles son los desacuerdos y si en ellos influye el interés de quienes ahora más se benefician del vital recurso.

Mientras Monreal se entrevistaba con empresarios de la capital de Nuevo León, se agravó la crisis por la falta de agua en la mayoría de los hogares de Monterrey. Ahora solamente se surte del líquido a los hogares durante seis horas diarias. Pero ni eso se ha cumplido, lo que desató la inconformidad de la población. La compra de garrafones con agua y tinacos aumentó al grado de escasear y presentarse acaparamiento. El agua en garrafones enriquece a unas cuantas empresas con la venia de las instancias gubernamentales.

En paralelo se conocieron datos que muestran el acaparamiento del líquido por el sector industrial y agrario de Nuevo León, y cómo varios potentados y políticos de Montterrey tienen en sus casas pozos para abastecerse del vital elemento. En el colmo, Juan Ignacio Barragán, responsable de agua y drenaje de esa ciudad, declaró que, ante la emergencia hídrica que viven, se requiere un huracán como Álex o Gilberto para llenar la presa Cerro Prieto y beneficiar a la región citrícola. Agregó que el actual recorte del servicio es con el fin de prepararse para el verano. Olvida ese funcionario que Gilberto causó en Monterrey en septiembre 1998 más de 200 víctimas mortales, decenas de desaparecidos y millonarios daños materiales.

Mientras crece la protesta ciudadana por la carencia de agua, el matrimonio que gobierna Nuevo León muestra su frivolidad, su carencia de solidaridad con los millones de habitantes que no reciben en sus hogares suficiente líquido. Algo que también ocurre especialmente en las entidades del norte y centro del país. En paralelo, la sequía afecta ya a 80 por ciento del territorio nacional y el nivel de captación de las presas se redujo en comparación con años anteriores.

Un grave e imperdonable ejemplo de impunidad: el poder Legislativo que en 2012 incluyó en la Constitución de la República el derecho al agua, es el mismo que aún no lo cumple, al no elaborar y aprobar lo que hace 10 años se le ordenó: la ley que haga efectivo ese derecho.