ás que los acuerdos específicos emanados de la novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California –resolutivos muy limitados y ambiguos–, lo relevante es la necesaria unidad y reposicionamiento de los países de América Latina y el Caribe para hacer valer su voz en el mundo, especialmente en el continente, donde siguen prevaleciendo la visión y los intereses de los más fuertes, las dos economías más desarrolladas.

De entrada, la participación de sólo 23 de los 35 jefes de Estado y de gobierno –algunos de ellos por exclusión deliberada y explícita del anfitrión, aduciendo la orientación política de sus gobiernos–, marcaron un encuentro que hizo de la denominación de americana un eufemismo, una abstracción.

La falta de representatividad de la región hizo que los resolutivos se quedaran muy lejos de las expectativas, sobre todo en el tema más sensible, producto de las asimetrías y distorsiones del desarrollo: el fenómeno migratorio. No es una percepción personal, las cifras que subyacen a los compromisos suscritos así lo evidencian.

Mientras para los expulsados por la guerra en Ucrania, el gobierno de Estados Unidos se dijo dispuesto a recibir de inmediato a 100 mil refugiados, para todo el continente americano –para los que viven del río Bravo hasta la Patagonia–, el compromiso de ese país, suscrito en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, es recibir a 20 mil anuales. Es decir, cinco veces menos, cuando se trata del mismo continente, donde cualquiera pensaría debiera haber más solidaridad y fraternidad regional y de grupo, espíritu de cuerpo.

En términos económicos, la asimetría se ve aún más grotesca, mientras el Congreso de Estados Unidos autorizó para Ucrania ayuda militar y humanitaria por 14 mil millones de dólares en marzo, y otros 40 mil millones en mayo (es decir, 54 mil millones), cifra que podría crecer de prolongarse el conflicto bélico, para ayuda estratégica destinada a inhibir la inmigración proveniente de América Latina, el gobierno de ese país se comprometió a gestionar en diciembre de 2021 recursos por mil 200 millones de dólares y mil 900 millones más al amparo de los acuerdos de la novena cumbre americana, es decir, 3 mil 100 millones de dólares en total. Se trata de una relación de apoyos de casi 20 a uno entre un caso y otro; además, en este último, recursos inciertos, volátiles.

Decimos inciertos y volátiles, porque, a diferencia de Ucrania, donde se trata de recursos públicos, gubernamentales –presupuestables, en el caso de la ayuda para América Latina y el Caribe, especialmente para Centroamérica–, serían recursos privados, de compañías de particulares y de corporaciones que todavía tendrían que ponderar la retornabilidad de sus inversiones, como corresponde a la lógica del capital.

Tampoco puede decirse que se trata de situaciones diferentes en la urgencia de su atención. Mientras en Los Ángeles sesionaban los jefes de Estado, a México llegaba una nueva caravana de migrantes proveniente del llamado triángulo norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Otra más de una escalada en busca del sueño americano, decenas de miles de hombres, mujeres y niños, que en su mayoría terminan en México ante el rechazo sistemático en la frontera con Estados Unidos.

Por eso decimos que se requiere de una nueva gobernanza continental, una revisión integral de todo el entramado de instituciones que rigen, de manera permanente y no sólo periódica, como en las cumbres, las relaciones entre los países del hemisferio, bajo la premisa de un empoderamiento y reposicionamiento de los países cuya voz no ha sido suficientemente escuchada y atendida, los del sur del río Bravo.

Se requiere una reforma profunda del sistema interamericano, que incluya a la Organización de los Estados Americanos –organización creada bajo la lógica de la guerra fría– y el consecuente alineamiento de los países del área latinoamericana con las directrices de quien se asumía como el custodio del continente, con derechos para sancionar la orientación ideológica de los gobiernos.

También, revisar la operación de instituciones financieras como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), cuya eficacia no se ha visto para financiar programas de desarrollo que en verdad apuntalen el de los países más rezagados, que generen oportunidades en los lugares de origen y desincentiven la emigración hacia el norte.

En suma, es tiempo de fortalecer los mecanismos regionales de defensa de los intereses de América Latina y el Caribe, más allá de la especificidad ideológica de sus gobiernos, y que promuevan iniciativas con visión de futuro e impacto real, que dignifiquen las condiciones de vida de quienes, además de compartir geografía, tienen derecho al desarrollo.

Programas operativos para atemperar las asimetrías Norte-Sur, a partir de la generación de economías más eficientes y fuertes en este polo, con mayor inversión productiva, megaproyectos continentales, que detonen el empleo y eleven la calidad de vida de la población local; también, que hagan realidad, ahora mismo, el respeto a los derechos humanos de quienes emigran por esas disparidades en los ritmos regionales del desarrollo.

*Presidente de la Fundación Colosio