Zacatecas, Zac., Campesinos del ejido El Bajío, perteneciente al municipio de Caborca, Sonora, solicitaron el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se cumpla una sentencia contra la minera Penmont, filial de la compañía mexicana Fresnillo PLC, de Grupo Peñoles, emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, con número de expediente 188/2009.

A través de una carta, cuya copia fue entregada a La Jornada, Abel y Erasmo Cruz López dieron a conocer al jefe del Ejecutivo federal que la resolución ordena a la empresa regresar todo el oro y demás minerales extraídos en la zona, o bien entregarlos al núcleo agrario, al ser el legal propietario de las tierras.

Además, los ejidatarios acusaron a los responsables de la minera de estar detrás de las amenazas de muerte que han recibido, las cuales los orillaron a irse del lugar.

Metales en nuestra tierra, bendición y desgracia

“Nos atrevemos a escribirle, pues desde que lo conocemos, usted lucha por ayudar a la gente más pobre (…) La tierra bondadosa de nuestro ejido fue favorecida por Dios para llevar en sus entrañas metales preciosos; oro fundamentalmente. Lo anterior es al mismo tiempo nuestra bendición y nuestra desgracia”, comienza la misiva.

Los hermanos Cruz López explicaron que hace años (en 1991) llegó Penmont-Fresnillo para explorar el oro que se encuentra dentro del territorio de El Bajío, a través de acuerdos con algunos ejidatarios de forma particular y sin haberlos presentado a la asamblea ejidal, su máxima autoridad.

Sin embargo, expusieron, poniendo de pretexto tareas de exploración pasaron de un momento a otro a la explotación, lo que ha provocado afectaciones al medio ambiente y al pueblo en general.

Nos inconformamos y por esa razón las autoridades de nuestro ejido decidieron reubicarnos y enviarnos a la zona más árida, creyendo que con eso se deshacían de nosotros, pero el tiempo les jugó una mala pasada y descubrieron que en ese lugar se ubicaba el área más rica en mineral.

Derivado de ello, sostuvieron, hemos sido objeto de amenazas, persecución, intimidación y nos hemos visto en la penosa necesidad de abandonar nuestras tierras. Por esta razón, fuimos a la vía legal y el TUA 28 nos dio la razón y resolvió en el expediente 188/2009 que la empresa debe regresar todo el oro y demás minerales extraídos.

Posteriormente, informaron, con la mediación del senador José Narro Céspedes, de Morena, lograron establecer comunicación directa con la empresa para intentar conciliar, y “en noviembre de 2021 pudimos entrevistarnos con los directivos, pero a la fecha no hemos tenido otra respuesta.

El legislador nos sugirió que las pláticas y posibles negociaciones se realicen en presencia de la Secretaría de Gobernación para que los acuerdos tengan validez y certeza jurídica. La ley (el TUA) nos dio la razón, pero los intereses sobre nuestro territorio nos han puesto contra la pared, pues, denunciaron hoy no podemos vivir con tranquilidad, incluso tenemos que ocultarnos por intimidaciones y amenazas de muerte.

Al respecto, en el escrito a López Obrador, entregado en la Dirección General de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, el 5 de mayo pasado, Abel y Erasmo le piden al mandatario su ayuda.

Queremos volver a caminar sin miedo por nuestro ejido, por nuestro municipio y por nuestro estado. Queremos regresar, no tener que escondernos por miedo a perder la vida. Ayúdenos por favor a tener garantías de seguridad y a lograr llegar a un acuerdo que resuelva esta problema en condiciones de legalidad y certeza jurídica, recalcaron.

De acuerdo con datos proporcionados por Jesús Thomas González, representante legal de El Bajío, Penmont comenzó operaciones en 1991, cuando inició tres proyectos a cielo abierto en Sonora para extraer oro: La Herradura (1998), Dipolos-La Soledad (2010) y Noche Buena (2012).

Los comuneros decidieron defenderse de manera legal. En 2011, se determinó a través de una primera sentencia que la minera debía desocupar las tierras. Apenas en 2013 se llevó a cabo la evacuación.

En ese año, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio. En 2014 el tribunal agrario 28, con sede en Hermosillo, ordenó a la compañía restituir las tierras del ejido El Bajío y remediar los daños al medio ambiente, así como la devolución de las 236 mil 709 onzas de oro que extrajo, con un valor equivalente a 436 millones de dólares.