En el contexto de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizaciones defensoras de los pueblos indígenas, del territorio y del medio ambiente, denunciaron que en la región la degradación socioecológica persiste en todos los niveles y la incapacidad de los gobiernos para resolverla pasó a justificarse a partir de invocar la crisis por la pandemia de covid-19. Mantener viva la economía ha significado asegurar e intensificar los extractivismos, manifestaron.

“Escudándose en la idea de que es necesario extraer recursos naturales para enfrentar la recesión económica, se han reforzado las posturas tradicionales que consideran las medidas ambientales como trabas al ‘desarrollo’”, expusieron los organizadores del Foro Territorios, luchas y r-existencias: Horizontes comunitarios frente a la reproducción de desigualdades del capitalismo en América Latina y el Caribe.

En una declaración política contra la violencia extractivista –que implica la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada–, señalaron que en plena emergencia sanitaria, se otorgaron excepciones y exenciones de impuestos y subsidios para que sectores como el minero, petrolero o de construcción residencial y de ingeniería civil continuaran funcionando, y se promovió desarrollo de los megaproyectos y los agronegocios, con una creciente expansión de las zonas de sacrificio y de despojo.

Dichas medias, afirmaron, no sólo no hacen frente a la crisis climática, hídrica y alimentaria, sino que la exacerban. A ello se suma una expansión sin precedente del crimen organizado que se alía con la agroindustria y con las empresas extractivistas sembrando miedo y terror entre los habitantes.