l amasijo de intereses desesperados que se ha denominado Va por México está en proceso de ruptura o, cuando menos, de reformulación correctiva. Dos de sus integrantes, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), están en situación política famélica, con muy bajas votaciones el pasado domingo, pérdida de registros en varios estados y descrédito avanzado, no sólo en el caso de los Chuchos, específicamente Jesús Zambrano, que preside el fideicomiso de liquidación de lo que fue el sol azteca, sino, marcadamente, Alejandro Moreno, autodenominado Alito, quien pasa por sus horas más bajas.

PRI y PRD constituyen hoy un lastre para cualquier rediseño opositor con aspiraciones de viabilidad que llegaran a realizar los damnificados supervivientes, Acción Nacional y el orquestador Claudio X. González. Por ello han comenzado las faenas de liberación de peso (el instrumento mediático de Claudio X., Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha soltado, a toro electoral pasado, un reportaje amplio sobre la corrupción de Alito) y se ha vuelto a la insistencia en que el dantesco partido Movimiento Ciudadano se una a la alianza bocabajeada el pasado domingo.

No hay justificación política, ideológica ni de mero cálculo electoral que justifique tal alianza. El senador panista Damián Zepeda declaró ayer que no hay ningún resultado electoral que pruebe que la mezcla PAN-PRI-PRD haya tenido éxito: A mí me parece que no vale la pena autoengañarse (...) es evidente que el domingo en esta elección tuvimos un día muy duro, con resultados muy negativos, y yo diría que casi rayando en el desastre (https://bit.ly/3aRx8YX).

En su cuenta de Twitter (@Universodelroc2), el movimiento social agrupado en torno a la defensa de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, planteó: ¿Será ésta la más alta traición de funcionarios del gobierno federal a la 4T? Las mafias empresariales de la ultraderecha corrompiendo una burocracia de paquidermos inútiles. Vergüenza les debería dar.

Los señalamientos no se refieren a la Sierra de San Miguelito, a la que el Presidente de la República asignó la condición de área natural protegida (aunque las inmobiliarias interesadas en hacer ahí fraccionamientos de lujo siguen maniobrando, a la espera de que se vaya López Obrador y, dicen, se revierta todo), sino a La Pila, una delegación de la ciudad capital del estado, donde empresarios disfrazados de ejidatarios pretenden despojar de mil 888 hectáreas a los campesinos auténticos, para establecer el parque logístico más importante de Latinoamérica.

Entre otras marrullerías, tales empresarios pretendieron que el Registro Nacional Agrario (www.gob.mx/ran, adscrito a la Sedatu) diera validez y asentara en sus archivos un acta falsificada, hechiza, de dominio pleno sobre las mil 888 hectáreas. Así lo denunciaron los ejidatarios: El RAN se niega a recibir informe para negar la inscripción emitida por la Procuraduría Agraria.

Días atrás, en el mismo caso de La Pila, había sido destituido el representante de esa procuraduría en San Luis Potosí, Ernesto Rendón Aguilar, acusado de servir a los empresarios. Ahora se ha detectado que hubo un pago de 4 millones de pesos a altos funcionarios del ramo agrario para facilitar el despojo de tierras comunales. Es de suponerse que las autoridades federales esclarecerán este asunto e irán a fondo contra los delictivos simuladores y sus aliados en la representación gubernamental en San Luis Potosí.

Y, mientras el tribunal electoral federal ha confirmado que 15 gobernadores marca 4T, entre ellos Claudia Sheinbaum, violaron la ley en casi 100 casos relacionados con el ejercicio de revocación de mandato, e incluso, en votación cuatro a tres, dicho tribunal ha establecido que, ante reincidencias, podría cancelarse el derecho a participar en elecciones para ocupar cargos públicos, ¡hasta mañana!

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