La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales promovidas por las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Azcapotzalco en contra de las disposiciones del Gobierno de la Ciudad de México para evaluar al personal que trabaja en la administración pública capitalina.

En marzo pasado, un ministro del máximo tribunal había admitido a trámite las impugnaciones y ordenado que provisionalmente se suspendiera; con la nueva decisión, tomada ahora por la segunda sala del máximo tribunal, esta medida cautelar fue revertida.

Se trata de las controversias 53/2022 promovidas por Benito Juárez, 54/2022 de Coyoacán y 55/2022 de Azcapotzalco, todas en contra del aviso por el cual se dan a conocer los lineamientos generales para la aplicación de la evaluación integral de las personas que ingresen o permanezcan en el servicio público de la administración pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 24 de enero pasado.

Este ordenamiento fue impugnado ante la Corte por los titulares de esas demarcaciones al pedir que se excluyera a sus respectivas administraciones de tener que acatarlo, bajo el argumento de que vulneraría la libertad y jurisdicción de su régimen interior.

Tras ser admitidas a trámite y luego de que se les concediera la suspensión, el gobierno local presentó sendos recursos de reclamación, los cuales fueron resueltos en la segunda sala, donde se determinó por unanimidad desechar las tres y dejar sin efecto las suspensiones concedidas.

Los ministros encontraron que el aviso impugnado no lesionaba la esfera jurídica de las alcaldías, por lo cual no había materia para sostener las controversias.

Desde el año pasado, las alcaldías surgidas del PAN, el PRD y el PRI han impugnado ante la SCJN disposiciones que van desde las políticas de desarrollo urbano hasta el manual de identidad gráfica del gobierno capitalino o el color con el que deben pintarse las patrullas de la policía, la mayoría de ellas ya han sido desechadas por improcedentes.