urante la guerra sucia (1965-1990), la represión en Guerrero fue sistemática y generalizada. El informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), que recientemente se presentó en Acapulco, da cuenta con gran minuciosidad de que las atrocidades del Ejército no fue una represión casual ni aislada. Respondió a una política de Estado que tuvo como objetivo expreso exterminar a la guerrilla, arrasar con las comunidades rurales y urbanas donde se asentaban los grupos y encontraban cobijo para su abastecimiento. El rastrilleo que aplicaron en las regiones más abruptas fue para detener, torturar y desaparecer a los hombres, mujeres y niños que encontraban en los caminos y las aldeas. Se trataba de limpiar los terrenos sembrados de rebeldía. Cortaron de tajo la precaria productividad de los campos para que los escasos alimentos que consumían las familias no llegaran al cerro para los armados. Matar de hambre formó parte del exterminio. Nadie podía trasladar alimentos fuera de la comunidad. Quien se atrevía ya no amanecía en el pueblo.

Las autoridades federales y estatales, en lugar de atender las causas de la rebelión, se supeditaron al poder militar. Dejaron en manos de generales sanguinarios la seguridad pública y permitieron que las zonas militares se transformaran en centros de tortura, de ejecuciones y desaparición de personas. El presidente de la República dejó en manos del secretario de la Defensa Nacional la estrategia para sofocar el levantamiento social y armado. Utilizaron todos los recursos económicos, ocuparon el mejor equipo militar para trasladarlo a la sierra de Guerrero. Comisionaron a fuerzas especiales entrenadas para matar y concentraron un gran número de militares de otros estados, para incursionar en los territorios donde la población vive en condiciones sumamente precarias.

Las operaciones militares antiguerrilla fueron a rajatabla: matar y desaparecer a los armados y sus redes de apoyo. Por habitar en los lugares donde operaba la guerrilla, la gente fue víctima de detenciones ilegales; padeció la tortura para que confesara dónde se encontraban los armados. Por mera sospecha, varios fueron desaparecidos y ejecutados. Guachos fue el mote que se ganaron los militares por su actitud pendenciera y cobarde. Por los destrozos que causaban. Por su rapacidad. Por detener y matar a gente inocente. Los nombres y apellidos de los dirigentes de la guerrilla fueron razones de peso para que los guachos detuvieran familias enteras. Además de torturarlos, saqueaban viviendas, los desplazaban y en varios casos, desaparecieron a los jefes de familia. Buscaron arrancar de raíz a la guerrilla; sin embargo, las familias que llevan en sus venas el ideal por el que lucharon sus esposos e hijos, mantienen la huella indeleble de su estirpe. Hoy resisten y se mantienen en sus terruños en busca de reparaciones individuales y comunitarias. A 50 años de esta abominable represión mantienen en alto la exigencia de justicia.

El informe de la Comverdad y sus tres anexos muestran la radiografía del horror, la cartografía de la violencia perpetrada por el Ejército, los testimonios de sobrevivientes y familiares que se sobrepusieron a los estragos de la guerra. Son ejemplo de pundonor y de reciedumbre ante tanta infamia e insolencia de las autoridades por los crímenes del Ejército.

El Plan Telaraña, aplicado en marzo de 1971, forma parte de un esquema de contrainsurgencia usado en Guerrero con el fin de ganarse la voluntad de la población civil para luego arremeter contra los grupos insurgentes. El general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, lo anunció entre la tropa, pero pidió secrecía en su aplicación. El componente central era reactivar la economía local, a través de obras de infraestructura; brindar atención médica e impulsar campañas de alfabetización. Con el Ejército como agente benefactor se pretendía quitarle las banderas al movimiento guerrillero, calificándolo de facineroso. Este trabajo estaría acompañado con espionaje para proporcionar información sobre la presencia guerrillera y combatirla.

Las fuerzas militares encargadas de operar esta estrategia fueron la 27 y 35 zonas militares, en coordinación con los mandos de las jurisdicciones territoriales adyacentes. Clave fue la labor social con la población civil involucrando a las dependencias públicas del Estado, proporcionando beneficios directos a las familias pobres. Lanzaron el anzuelo para que entrara la acción militar; sin embargo, fue un intento fallido. El Ejército desconoce que la población mantiene un código de ética que siempre defenderá los derechos de la colectividad. No traicionará a su gente por un kilo de azúcar. Ante este fracaso, el Ejército actuó contra la misma población porque nunca imaginó que la justicia es un reclamo generalizado.

El Plan Telaraña movilizó contra la guerrilla al menos a 2 mil 236 efectivos; 2 mil 115 elementos de tropa, aglutinados en 77 partidas militares, así como 105 oficiales y 16 jefes y un número indeterminado de defensas rurales. Contó con el apoyo de tres helicópteros de la Procuraduría General de la República. La acción se inició el 29 y 30 de abril de 1971, para cumplir las órdenes expresas del secretario de la Defensa y el jefe supremo de las fuerzas armadas, Luis Echeverría Álvarez. En esta primera etapa del Plan Telaraña el presidente declaró deben tener la seguridad de que defenderemos nuestra democracia de cualquier agresión interior o exterior. Por su parte el titular de la Defensa declaró “no existen guerrillas en México… la inteligencia militar investiga para evitar que elementos subversivos realicen agitación en cualquier lugar del país”. Además de aplicar en seis etapas el Plan Telaraña combinadas con un plan de rastreo, el Ejército aplicó la Operación Abanico, para realizar movimientos envolventes y acorralar, encerrar y eliminar al grupo guerrillero encabezado por Ge­naro Vázquez Rojas. Pese a la Operación Ca­za Conejo, el Ejército estuvo muy lejos de lograr su objetivo, de ganarse la confianza de la población y acorralar a la guerrilla.

El Ejército se erigió en el poder supremo que no tuvo límites ni controles para exterminar el movimiento guerrillero. El presidente de la República le brindó todos los apoyos económicos y logísticos para que hiciera del estado de Guerrero el laboratorio de la contrainsurgencia. Al paso de 50 años, la impunidad impera con la estrategia militarista de matar y desaparecer, como ha pasado con El Charco, Tlatlaya y los 43.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan