n la resistencia histórica de los pueblos indígenas frente al despojo de sus territorios, encontramos momentos de triunfo frente al Estado, cuyos destinos futuros no siempre tienen desenlaces consolidados de logro de justicia. Sin embargo, valoran los pasos adelante que logran dar, por la sencilla razón de que, en general, suceden como producto de su lucha, en la cual suelen pagar costos altos. Su horizonte de tiempo no corre en paralelo con la lógica temporal de los sexenios, lo cual no implica que desconozcan algunos que han significado un parteaguas. Es el caso de los yaquis respecto del presidente Lázaro Cárdenas y su histórico decreto de restitución que aún hoy día es el sustento jurídico y político y el parámetro de sus reclamos. No les falló el general Cárdenas, han sido sus sucesores que han incurrido en complicidades y despojos para evadir a la justicia profunda, cuya reversión hoy es planteada por el llamado plan de justicia de la 4T cuyo procedimiento de elaboración y resultados estarían en proceso de mostrar evidencias contundentes.

Como sabemos, está en curso la modalidad de intervención oficial hacia los pueblos indígenas denominada planes de justicia. Ya habrá ocasión de analizar su contexto y contenido, también en sus mecanismos de representatividad... Por lo pronto interesa destacar un proceso que se hermanaría con la justicia pero por decisión de sus actores y con buenas razones y agravios rechazaron la intervención de Sedatu e INPI y no aceptaron su inclusión en el modelo de los llamados planes.

Se trata del que se ha generado de manera autónoma, a raíz de la Caravana de la dignidad y conciencia wixárika, iniciada el pasado 25 de abril, encabezada por autoridades y comuneros, en un recorrido a pie de más de 900 kilómetros, con altísimas temperaturas durante 32 días, desde las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan, en Jalisco, con la finalidad de llegar a la Ciudad de México y dialogar, en Palacio Nacional, con el Presidente de la República, para exponerle que, a pesar de contar con resoluciones judiciales que les reconocen sus derechos frente al despojo motivado por la ocupación arbitraria e ilegal de un grupo de ganaderos mestizos, no se han ejecutado las mismas por lo que sigue pendiente la restitución de más de 11 mil hectáreas de sus territorios. Tratándose de los wixaritaris su ritualidad los acompaña, en especial en eventos que les son significativos. Su abogado Carlos González explicó que el tramo de siete horas de caminata de la caravana, desde La Marquesa a la Ciudad de México, lo hicieron en ayunas y sin tomar agua; después, efectuaron una ceremonia en el cerro del Tepeyac antes de llegar al Zócalo, donde permanecieron tres días antes de ser recibidos en Palacio Nacional. Es icónica la fotografía que publicó en primera plana La Jornada, donde el comisario ejidal tocó en la Puerta Mariana y gritó: ¡Abre, Andrés! (28/5/22). En una decisión política sin precedente desde el cardenismo, el presidente López Obrador recibió a las autoridades agrarias wixaritaris: comisariado de bienes comunales, el tesorero, el consejo de vigilancia el lunes 30 de mayo y tras escucharles y enterado previamente a través del procurador agrario, firmó el compromiso sobre justicia ante el júbilo de los wixaritaris. Regresaron con ello a sus comunidades donde festejaron que el magno esfuerzo valió la pena.

Considero que no es remoto imaginar que el Presidente de la República recordó con esta caravana wixárika, las grandes y también duras jornadas de movilización que él encabezó desde Tabasco hacia la capital del país, como el llamado Éxodo por la Democracia, de 50 días, a partir del 25 de noviembre de 1991 que en su recorrido fue sumando participantes, de manera que tuvo una entrada multitudinaria al Zócalo de la Ciudad de México, el 11 de enero de 1992.

Es sumamente complejo el compromiso asumido y firmado por el Ejecutivo federal, demanda emplearse a fondo. La pelota ha quedado en la cancha del gobierno federal. Ya los ganaderos ocupantes de tierras ajenas abrieron parte de su estrategia que consiste en primer lugar en el absurdo de reivindicar su derecho con alegatos y citas documentales que en su oportunidad fueron rechazadas en tribunales. Nada de parte de ellos sorprende, se dicen herederos originarios de las tierras que ocupan ilegalmente, expresan su desprecio y racismo contra el pueblo wixárika, pero también deslizan la amenaza de usar la fuerza, al señalar que no permitirán que entren a sus tierras. Sin embargo, no logran ocultar que la postura presidencial les pega fuerte aun cuando consideran que lo han engañado, que le han mentido. Otro frente que abren es el de los gobiernos de Jalisco, su enemigo, y Nayarit, su amigo. Ya abordó José M. Murià parte de la historia detrás de lo que denominó despojo geográfico ( La Jornada, 4/6/22).

Por el bien de todos, primero los wixaritaris.