Chihuahua, Chih., Colectivos y organizaciones civiles como El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua, exigieron a los gobiernos federal y estatal atender de manera integral el conflicto medioambiental y de disputa por el agua en el acuífero Del Carmen, actualmente en veda.

En un posicionamiento público, 22 colectivos emplazaron a detener la persecución penal contra campesinos de los ejidos Benito Juárez y Constitución, ambos en el municipio de Buenaventura, sobre quienes la Fiscalía General del Estado reactivó en abril pasado órdenes de aprehensión.

Agregaron que en los días recientes se ha incrementado el riesgo de un grave conflicto social.

La fiscalía reactivó en abril pasado dos denuncias contra los labriegos, una por actos de resistencia contra la minera Mag Silver que intentó iniciar la explotación en tierras ejidales en 2013, y otra querella porque impidieron la perforación y electrificación de pozos de agua para regar nogaleras en 297 hectáreas del rancho La Mojina, que es propiedad de la familia LeBarón y se ubica contiguo a sus ejidos.

Los labriegos han acusado que autoridades de la Comisión Nacional del Agua fueron corruptas en la autorización de pozos a favor de los LeBarón y la fiscalía criminaliza la lucha por la defensa del agua y del medio ambiente, en una estrategia de los mormones para que la Comisión Federal de Electricidad pueda conectar a la red eléctrica 11 pozos ilegales perforados dentro del rancho La Mojina, al distraer e inmovilizar a los campesinos con las órdenes de arresto.

Se persigue a labriegos

Recordaron que la defensa del agua ha tenido costos, como el asesinato aún impune de Ismael Solorio y Manuela Solís en 2012, y de Alberto Almeida en 2013; así como amenazas y agresiones que han derivado en medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de esto, en el estado se insiste en la persecución de los defensores.

El 18 de mayo, en el Senado se propuso un punto de acuerdo, donde la Comisión Permanente del Congreso pidió instalar una mesa de trabajo para atender la problemática y el 31 de mayo, en el Congreso de Chihuahua se expuso un posicionamiento respecto a la urgencia y atención que requiere el conflicto.