Chihuahua, Chih., El Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó ayer al ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) los delitos de peculado y asociación delictuosa, por la distracción de 96.6 millones de pesos de recursos públicos, que transfirió a dos empresas ganaderas de las cuales era socio mayoritario, entre 2011 y 2014.

Al cierre de esta edición, la fiscalía continuaba con la presentación de los anexos de la denuncia, en una audiencia que se extendió más de 12 horas, durante la cual los abogados pidieron dos rece-sos por supuestas complicacionesmédicas que aquejan al acusado.

Según el MP, existen datos y testimonios que demuestran la intervención del ex mandatario en 11 transferencias de dinero desde la Secretaría de Desarrollo Rural a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la sociedad anónima Financiera División del Norte, que se justificaron como supuestos apoyos a ganaderos destinados a la compra de forraje, gastos de traslado de vaquillas, equipo para inseminación artificial, compra de maíz y frijol, la adquisición de una oficina y un programa de repoblamiento de bovinos.

La FGE solicitará prisión preventiva

La FGE adelantó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, pues existe riesgo de una sustracción; añadió que presentará testimonios de más de 30 personas, incluidos ocho de identidad reservada, quienes señalan a Duarte de instruir convenios y transacciones bancarias para su beneficio.

Entre los testigos que llevará la fiscalía están ex funcionarios que laboraron con el ex gobernante, como Francisco Hernández Vega, tesorero de la Secretaría de Hacienda estatal; Jesús Manuel Luna Hernández, quien fungió como su secretario particular ; además de la ex dirigente estatal priísta, Karina Velázquez Ramirez y el líder barzonista Martín Solís Bustamante.

En tanto, legisladores de Morena en el Congreso pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga el proceso penal contra Duarte Jáquez; argumentaron que el Poder Judicial del estado carece de independencia.

Exigiremos que se le juzgue por los delitos que realmente cometió y no por causas inventadas que pudieran favorecerlo. Hay daños graves al erario que deben ser sancionados, recalcaron.