Buenos Aires., El anuncio de que el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de ­Kirchner, encabezarán hoy la celebración de los 100 años de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en un acto público creó expectativa, ya que hacía tiempo no aparecían juntos en actividades públicas, mientras el gobierno del Frente de Todos (peronismo) enfrenta los embates de una ultraderecha que promete privatizar nuevamente la empresa petrolera, Aerolíneas Argentinas y otras, contando con la impunidad que parece asegurarles la Corte Suprema de Justicia.

Durante su gobierno, Mauricio Macri (2015-2019) comenzó a llenar los juzgados de causas falsificadas, que se van cayendo por falta de pruebas, lo que permitió una persecución política que hasta hoy continúa en los medios de prensa de ese poder, y especialmente en la justicia, que instaló una mesa judicial, que sigue actuando.

El ex presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, impuesto por Macri en 2016, junto con el actual presidente de esa institución judicial, Horacio Daniel Rosatti, que también preside por impulso propio el Consejo de la Magistratura, hoy están en la mira de la justicia. La Corte sigue funcionando con cuatro jueces.

Desde distintos sectores del oficialismo, de agrupaciones de abogados, juristas, sindicalistas y otros, se pide juicio político para Rosenkrantz, quien en una conferencia en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile dijo que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, evidente respuesta a una frase de Eva Perón, que aún escriben en las paredes los obreros y estudiantes y que dice: de cada necesidad nace un derecho.

Esto fue tomado como una enorme ofensa a la figura de Evita del vicepresidente de la Corte, quien manifestó su abierto antiperonismo, lo que es indebido en su cargo; al hablar del populismo negó las enormes desigualdades, rescatando el individualismo más grosero, y sosteniendo que hay que pensar en el costo de las transformaciones y de cada derecho, cuando aquí está instalado un debate profundo sobre el tema que plantea el peronismo de la distribución de la riqueza y la oposición defendiendo el proyecto neoliberal que llevó a este país a la mayor crisis de su historia.

Un juez decidió en un juicio abierto contra los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que fueran sobreseídos a pesar de que estaban denunciados por sus constantes visitas a Macri (18 en total) en la residencia presidencial, encuentros que se producían uno o dos días antes de que apareciera una de las tantas causas falsas contra Fernández de Kirchner y sus funcionarios.

Pero la fiscal Alejandra Mángano determinó que era un fallo prematuro desvincular a los jueces y al ex presidente. El tema deberá ser revisado por la Cámara Federal porteña, donde Macri y sus aliados tienen la puerta grande abierta.

En este contexto se abrió un juicio contra la empresa Socma, de la familia Macri, que dará de qué hablar porque también el ex presidente fue denunciado por su hermano menor, por haberlo excluido de sus derechos. La guerra judicial a la que se agrega una guerra económica de los monopolios locales lleva a una situación crítica al país y en estos momentos la recomposición de la unidad del oficialismo es de vital importancia como el cumplimiento de los programas anunciados por el gobierno.