l ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez llegó ayer a la Ciudad de México, extraditado desde Estados Unidos, para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa ante un juez del fuero común con sede en dicha entidad. Desde 2019 existe una orden de aprehensión contra Duarte para que responda por la transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos realizada entre 2011 y 2015 (cuando se encontraba al frente del gobierno estatal) a empresas de las cuales era accionista, y en julio de 2020 fue detenido por autoridades estadunidenses, a petición de México. De manera adicional, el priísta enfrenta acusaciones por peculado electoral relacionado con el presunto desvío de alrededor de 70 millones de pesos que habrían sido retenidos ilegalmente de los salarios de trabajadores estatales y entregados a los candidatos del PRI para las elecciones de 2015.
La extradición de Duarte Jáquez y la inminencia de que enfrente a la justicia es un paso positivo en contra de la impunidad, pero al mismo tiempo recuerda los casos de otros ex gobernadores que no han rendido cuentas por los hechos que podrían ser constitutivos de delitos cometidos durante sus administraciones. Cabe señalar lo referente al perredista Silvano Aureoles, quien el 30 de septiembre pasado concluyó su gestión en Michoacán, heredando a su sucesor arcas vacías, adeudos multimillonarios en salarios y prestaciones del magisterio, el Congreso del estado, el Supremo Tribunal, la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Electoral, entre otros organismos; así como sospechas de corrupción en actos como la firma de contratos de arrendamiento y mantenimiento para instalaciones que no existían, o pagos por transporte aéreo a una empresa de la que, se ha denunciado, él mismo era propietario. Tampoco puede pasarse por alto al ex gobernador más reciente de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien tiene abiertas carpetas de investigación por delitos diversos, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el organismo análogo de esa entidad, y quien a la fecha no ha esclarecido lo que apunta a ser un caso de protección e incluso encubrimiento a sus correligionarios panistas involucrados en el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de este diario en Chihuahua, perpetrado el 23 de marzo de 2017.
Mención aparte merece el todavía mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la FGR imputa por haber participado en una red de lavado de dinero. El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó de manera indefinida la discusión de las impugnaciones con las que se resolvería si el gobernador panista goza o no de fuero ante los delitos de los que se le acusa. Esta decisión se produjo a pocos días de los comicios del próximo domingo, en los que los tamaulipecos elegirán al sucesor de García Cabeza de Vaca, con lo que se ve teñida por la sospecha de responder a tiempos electorales que nada deberían influir en los procesos judiciales.
Ante este panorama, cabe saludar el avance en el caso de Duarte Jáquez y esperar que se le someta a un juicio conforme a derecho en el que se determine si es culpable o no de los ilícitos por los que se le señala, pero también hacer énfasis en el camino pendiente para erradicar la impunidad de ex mandatarios estatales cuyo desempeño demanda un esclarecimiento judicial.
