La oposición en la Comisión Permanente demandó al gobierno federal establecer un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno en en el país, a fin de frenarlo, ya que en los últimos cinco años más de 250 mil personas debieron abandonar sus comunidades y municipios debido al crimen organizado y la violencia.

Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Chiapas son las entidades donde se concentra dicha problemática, indicaron los legisladores.

En un punto de acuerdo publicado en La Gaceta de esa instancia legislativa, diputados y senadores subrayaron que la violencia que se vive en todo el país ha provocado el éxodo de miles de mexicanos que están huyendo de sus comunidades, en lo que se conoce como desplazamiento interno, que si bien ha sido reconocido por el Estado, se carece de una radiografía y un diagnóstico real de este problema, ya no digamos de un registro nacional.

En el documento se destaca que de acuerdo con el monitoreo elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero a marzo de 2022 se han registrado siete desplazamientos forzados en Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Chiapas.

Legisladores del PRD precisan que sólo en el periodo de julio a diciembre de 2021 se tiene referencia de que 19 mil 716 personas fueron movilizadas en esos mismos seis estados, afectando 42 municipios; las víctimas señalaron como causa principal el crimen organizado.

En la pasada legislatura, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley en la materia para prevenir ese problema, pero la minuta, pese a la gravedad del asunto, está congelada en el Senado desde el 30 de septiembre de 2020.

La iniciativa, proveniente de San Lázaro, crea la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, y no se ha podido dictaminar debido a que tiene carácter retroactivo, al establecer que se deberá atender a personas que en lo individual o colectivo hubieran sufrido desplazamiento forzado del primero de enero de 2010 a la fecha, como consecuencias de un conflicto armado, situaciones de violencia, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

Es decir, esa ley propone atender a quienes se han visto obligados a dejar sus comunidades por agresiones del crimen organizado, conflictos religiosos o xenofobia en los últimos 12 años, además de crear instancias nuevas, entre ellas un fondo nacional de atención al desplazamiento forzado interno, lo que significa una erogación cuantiosa de recursos.

Hacienda incluyo un estudio de impacto presupuestal en el que argumenta que en estos momentos no es posible asumir el costo de la atención a los desplazados, por lo que la minuta está detenida en el Senado.