Helsinki. La evidencia científica no justifica la clasificación del controvertido y ampliamente utilizado herbicida glifosato como cancerígeno, dijo ayer la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés).

Para la ECHA, el glifosato, uno de los pesticidas más usados en el mundo, se clasifica como causante de “daño ocular“ y tóxico para la vida acuática.

En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos.

El Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA formó su opinión científica independiente, la clasificación actual del glifosato no cambia, dijo Mike Rasenberg, director de evaluación de Riesgos de la agencia.

Con base en una amplia revisión de la evidencia, el comité concluye nuevamente que clasificar el glifosato como cancerígeno es injustificado, sostuvo en un comunicado.

El uso de este controvertido herbicida está autorizado en la Unión Europea hasta el 15 de diciembre de 2022. La Comisión analiza si se renovará el permiso.

Las organizaciones de agricultores se oponen a los llamados para prohibir la sustancia y citan la falta de alternativa.

Prohibido en Austria

En México, el 31 de diciembre de 2020 se publicó un decreto presidencial que dispuso la sustitución gradual del uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la riqueza biocultural del país y el ambiente, señaló el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en enero pasado.

En sus recomendaciones para reducir la compra de glifosato en el exterior, el Conacyt recordó que en México, 50 por ciento de este herbicida importado se aplica en cultivos de maíz y de cítricos. Más información en cutt.ly/0JhySh9

En Colombia, el presidente, Iván Duque, reanudó las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos ilegales de coca, pero la Corte Constitucional frenó en noviembre pasado esa medida al dejar sin efectos el permiso ambiental con el que contaba el gobierno.

El fallo, conocido hasta enero pasado, dio la razón a un grupo de ciudadanos representantes de organizaciones ambientales que mediante amparo exigieron hacer valer sus derechos a la participación y la consulta previa, al alegar que no fueron debidamente consultados sobre el plan, como lo ordena la ley.

La Corte dio un año al gobierno para que consulte a las comunidades étnicas que tienen presencia en 14 departamentos donde se implementaría el plan de manejo ambiental para el retorno de la fumigación aérea con glifosato.