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Justicia para activista torturado y asesinado hace nueve años en Guerrero, demandan

Desapareció con otros cinco tras denunciar a ex alcalde de Iguala ligado a caso de los 43

 
Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2022, p. 7

A nueve años del asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, quien fue torturado y desaparecido junto con otras cinco personas en Iguala, Guerrero, familiares y organizaciones sociales refrendaron su exigencia de justicia, ya que en este lapso no se ha concluido ni siquiera la primera etapa de la investigación.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, indicó la Red Solidaria contra la Impunidad, la cual subrayó que este ha sido lamentablemente el primer caso en México donde desaparecen seis activistas sociales, de los cuales tres son ejecutados, entre ellos Arturo Hernández Cardona. A nueve años de estos hechos, reiteramos nuestra petición de verdad y justicia.

La agrupación recordó que desaparecieron justo un día después de presentar una denuncia contra el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, también vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la declaración de un testigo presencial, Arturo fue ejecutado por el entonces presidente municipal, agregó la Red Solidaria en conferencia de prensa.

María Soledad Hernández Mena, hija del activista, expresó que denunciar vínculos de autoridades con actividades ilícitas fue lo que le quitó la vida.

Explicó que el cuerpo de su padre llegó al servicio médico forense vendado en algunas partes del cuerpo y con huellas de tortura. En tanto, la necropsia confirmó, además, un traumatismo craneoencefálico por heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego en la cabeza. Tras la desaparición el 30 de mayo de 2013, su cuerpo fue encontrado el 3 de junio siguiente.

Luego de que los familiares solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atraer este caso, la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria, María Magdalena López Paulino, informó que como parte de este proceso presentaron el fin de semana una serie de observaciones al Estado mexicano, el cual contará con un máximo de seis meses para dar respuesta.

Perfiló que en enero la CIDH trasladará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.