El Instituto Nacional Electoral (INE) consultará a las comunidades indígenas las características que debe tener una persona que pretenda postularse como integrante de los pueblos originarios.

Lo anterior se desprende de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar simulaciones y fraudes de quienes buscan tener una candidatura haciéndose pasar como personas indígenas.

Durante el periodo 2020-2021 se validó la facultad del INE para reservar 21 distritos federales para postulación exclusiva de candidaturas indígenas.

El calendario –que será detallado el martes próximo en la sesión del Consejo General del INE– prevé una etapa informativa del tema apenas pasen las elecciones del domingo 5 de junio.

Luego, en julio, el árbitro electoral establecerá un diálogo con las comunidades, y hacia finales de agosto emitirá los lineamientos para verificar lo que se denomina autoadscripción calificada.

El instituto convocó a las comunidades indígenas –y a sus autoridades tradicionales– a participar en esta consulta, hecha a partir de cuestionarios para verificar las características que deberán cumplir aquellos que se postulen a candidaturas a cargos federales de elección popular.

En días recientes el TEPJF anunció el fortalecimiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con el fin de ampliar los grupos protegidos.

La magistrada Janine Otálora se refirió también a la necesidad de legislar de tal modo que se promuevan las candidaturas decididas por las asambleas de las comunidades.

Es decir, aminorar la injerencia de los partidos políticos y dar prevalencia a que sean las propias comunidades las que por lo menos propongan las candidaturas y, en su caso, podría hacerse un sistema mixto en que el partido político la lleva, pero que sea la propia comunidad la que determine, acorde con su sistema, quiénes pueden ser candidatas y candidatos.

En tanto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, puso énfasis en las jurisprudencias y tesis vigentes para fortalecer la democracia incluyente porque los juzgadores deben tomar en cuenta, para emitir sus resoluciones, las condiciones culturales y sociales de cada grupo.

En México, puntualizó, más de 7.3 millones de personas hablan alguna lengua indígena, esto es, 6.1 por ciento de la población nacional.