Con dos juicios simulados, donde gente muerta ratificó el contrato de compraventa, se entregaron los predios de Violeta 71 y Guerrero 81-85 a Banca Mifel, siendo que éstos fueron adquiridos previamente por 54 familias y se otorgaron al Instituto de Vivienda para la construcción de igual número de departamentos, denunciaron afectados.

El 12 de febrero de 2019 se concretó la compra del primer predio ante el notario 105, Conrado Zuckerman, del estado de México, de acuerdo con la constancia de folio emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Su compra se realizó pese a que tres de los cinco vendedores: Antonio Remis Prieto y los hermanos Pedro y José Manuel Remis San Pedro fallecieron en 2001, 2008 y 2016, respectivamente, y no pudieron haber ratificado el otorgamiento y firma de la escritura, afirmó Carlos Pérez Ibarra.

Según la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, Cristian Emmanuel Zepeda Morales pagó 8 millones 221 mil 789.15 pesos, y el 14 de agosto de 2019 se lo vendió a Banca Mifel en 7 millones 800 mil pesos, 5 por ciento menos de lo erogado.

Mientras la compraventa del predio de Violeta 71 se efectuó el 12 de abril de 2019 por los hermanos Pedro y José Manuel Remis San Pedro a favor de Christian Paul Remis Struckman, quien lo adquiere en 2 millones de pesos.

Ese mismo día y a la misma hora –12:31:30–, de acuerdo con su inscripción ante el Registro Público, se vende a Banca Mifel en 4 millones 700 mil pesos ante el mismo notario 105, destacó.

A estas irregularidades se suma su fusión a los predios de la calle Violeta número 67, 73 y 75, donde la inmobiliaria Buen Hogar pretendía construir 119 departamentos –con valor de 2.4 millones en promedio– y 100 cajones de estacionamiento, denuncio Lorena García Alonso.

La coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes (Amor) informó que el 11 de octubre del año pasado solicitó al director del Invi, Anselmo Peña Collazo, su intervención, pero a siete meses no ha respondido.

Hoy, los integrantes de la Organización de Inquilinos Guerrero-Buenavista AC, que hace 20 años adquirieron dichos inmuebles en 2 millones 999 mil 360 pesos, están en riesgo de perderlos por estos hechos de corrupción, y demandaron la intervención inmediata de la jefatura de Gobierno en el caso.