urante el primer cuatrimestre del año, los recursos que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) tienen bajo su custodia, e invierten en instrumentos financieros, registraron una minusvalía o pérdida de valor de 253 mil 443 millones de pesos, la mayor disminución en el ahorro pensionario para un periodo semejante desde que hay registro.
Lo anterior significa que de enero a abril de este año 70 millones de mexicanos perdieron dos terceras partes de la plusvalía de 352 mil millones de pesos registrada en todo el año pasado.
Especialistas explican que la minusvalía se debe a la fuerte volatilidad de los mercados, asociada principalmente a los temores de que la economía no crecerá como se esperaba a finales del año pasado.
Esto es consecuencia, en primer lugar, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también de otros factores de incertidumbre, entre ellos la pandemia, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la elevada inflación.
Si bien es cierto que ni las disminuciones ni las plusvalías experimentadas por las Afore son definitivas por depender de los vaivenes en los mercados financieros, el registrado en la primera parte del año es un severo retroceso que no se sabe cuándo podrá revertirse, y afecta en lo inmediato a quienes lleguen a su edad de retiro mientras prevalezca el quebranto a sus recursos.
Además, debe considerarse que las Afore no venían de una trayectoria de crecimiento sostenido, sino que ya han experimentado otras minusvalías: solamente en marzo de 2020, al comienzo de la emergencia sanitaria, hubo un descalabro de 256 mil millones de pesos, el mayor para un mes desde que se tiene registro.
La cuantía y la recurrencia de las pérdidas padecidas por las Afore obliga a cuestionar la idoneidad de las gestiones realizadas por las empresas que tienen a su cargo los recursos con que los trabajadores mexicanos cuentan para su sostén cuando lleguen al final de su vida laboral.
Es claro que, cuando está en juego la posibilidad de millones de personas de alcanzar un retiro digno, no basta con achacar las minusvalías a factores exógenos, sino que es necesario preguntarse qué se pudo hacer para invertir con mayor acierto esos recursos y ponerlos a salvo de la inestabilidad de los mercados.
Esta responsabilidad es mayor si se recuerda que, hasta antes de la reforma en materia de pensiones aprobada en 2020, las comisiones que cobraban las administradoras de fondos mexicanas se contaban entre las más altas del mundo, por lo que los altos costos endosados a los ahorradores debieran justificarse con una excelencia en la administración de sus fondos que hasta ahora ha estado ausente.
Acaso parte de la explicación se encuentre en que las Afore cobran sus comisiones sobre el saldo acumulado del ahorro, por lo que poco les importa que se entreguen plusvalías o minusvalías a los trabajadores.
Es decir, que los ahorradores pagan a estas empresas por el manejo de su dinero incluso cuando las maniobras de aquellas les significan pérdidas.
Cabe preguntarse por la pertinencia de reformar el sistema a fin de que las comisiones no puedan cobrarse en caso de minusvalía, tanto para proteger a los trabajadores de un pago que pareciera injustificado como para incentivar a las propias Afore a cuidar la manera en que invierten estos recursos.
