n artículos anteriores hemos intentado exponer una opinión clara, útil y sin generalizar ni fantasear sobre el patrimonio que tenemos en los yacimientos de litio. Patrimonio que la mayoría desconocíamos.
Planteamos que las preguntas hechas por los grupos de poder económico en México y en el mundo parten –como ya lo han explicado economistas estadunidenses seguidores de Michael E. Porter, investigador de la universidad Harvard– de que la ganancia y utilidad son dos de los principales objetivos para arriesgar en una inversión.
Sin embargo, resulta perjudicial el enfoque exclusivamente utilitarista y de obsesiva competencia que caracterizan al pensamiento economicista de la ideología de la privatización. En el capitalismo-neoliberalismo, se llega a un punto donde sólo importa la apertura de mercados y la obtención de ganancias monetarias, cada vez más obscenas. El diseño de programas económicos exitosos para el beneficio de la población en general, hasta el momento, no provienen de la oligarquía mundial. Pero si un gobierno es propietario de sus recursos mineros y los explota en su óptima medida, entonces sí obtiene beneficios económicos para su país.
En el caso del litio, antes de conocerse públicamente el beneficio potencial de su extracción, inversionistas extranjeros ya estaban en el lugar, explorando y haciendo planes para un meganegocio. El cálculo aproximado en el yacimiento sonorense es de 243 millones de toneladas. El precio de cada una ahora es de alrededor de 70 mil dólares.
Llama la atención que mientras las críticas a la nacionalización del litio aumentan, su valor también, y a gran velocidad. La tecnología se desarrollará lo más pronto posible, afirmó el presidente López Obrador: Estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología. Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología, o se adquiere, pero el litio es nuestro
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Los directivos de las financieras Citigroup Global Markets, Canaccord Genuity y WH Ireland, y otras, lograron la suficiente recaudación (50 por ciento) de inversión en acciones para el proyecto extractivo minero en Bacadéhuachi, Sonora. Posteriormente, Bacanora Lithium, administrada por Ganfeng, firma de origen chino y capital inglés, adquirió el otro 50 por ciento de acciones para quedar como única propietaria del yacimiento mexicano.
La dimensión del súper negocio que significaría para la empresa china se expresa en la siguiente frase histórica: Esta exitosa recaudación de fondos permitirá a la compañía lograr su ambición de convertirse en una empresa de producción de litio de nivel internacional
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Todo indicaba que el gran negocio libre de control
se había terminado para aquel grupo de inversionistas extranjeros que se adueñaron (temporalmente) del mayor campo minero en México, o, por lo menos, se detuvo la apropiación ilegal del yacimiento de Bacadéhuachi y el saqueo impune que continuaría por parte de Ganfeng.
Le ha quedado claro a esta empresa que las leyes mexicanas no las puede recortar a su media, incluso con el apoyo de las autoridades oficiales, como el de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La complicidad de la Cofece le permitió a dicha empresa china la compra de las acciones a sus anteriores socios ingleses. Así que Ganfeng quedó como única propietaria del yacimiento.
La Cofece es, supuestamente, el órgano encargado de vigilar que el comercio con México sea seguro y sin que se invierta en el país con prácticas monopólicas. La institución administrativa autónoma es la encargada de proteger la economía nacional y, asimismo, la soberanía. Si no cumple sus funciones, no justifica su existencia.
La Ganfeng insistió en la validez de su compra y en el legítimo derecho de ser propietaria del yacimiento del valle del litio, como se le nombra a Bacadéhuachi, también el campo minero más importante de Sonora. La aclaración oficial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador demostró su ilegalidad y, con la propuesta de modificaciones a la ley minera, se llegó a una solución.
Se evitó incluso un conflicto de violación a la soberanía nacional con la expropiación, a tiempo, del carbonato de litio.
Estaban involucradas en este proyecto, además de Ganfeng, mineras canadienses, cuyos directivos basaron sus acciones ilícitas en la enorme flexibilidad de las leyes mexicanas. Además de flexibles, también eran incompletas. Por lo que la expropiación es el primer paso para una depuración de la legislación mineras y la revisión inaplazable de los contratos que han permitido más saqueos de las minas nacionales.
Las pérdidas para el país han sido incalculables, pues desde la invasión europea que inició con el desembarco de Cristóbal Colón al continente americano, la extracción ilegal ha destruido paisajes completos, además de asolar a la población próxima a las zonas mineras.
Debe quedar claro para las próximas licitaciones que las leyes son claras, que existe un límite de explotación razonable desde el punto de vista del equilibrio geológico y ambiental.
Además de la protección de la salud de la población, la consideración de patrimonio reservado para generaciones futuras
debe transformarse en ley positiva y cumplirse rigurosamente.
Twitter: @AntonioGershenson
