Washington. Un juez federal en Luisiana impidió que el gobierno de Joe Biden ponga fin a una restricción impuesta por la administración del ex presidente Donald Trump, conocida como Título 42, que niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México con el argumento de evitar la propagación del covid-19 y cuya vigencia concluía el 23 de este mes.

El gobierno de Biden anunció que impugnará el fallo que permite mantener la política de expulsar de inmediato a los migrantes que buscan asilo en su territorio. La administración no está de acuerdo con la decisión del tribunal y el Departamento de Justicia anunció que apelará, indicó en un comunicado Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca.

La orden nacional emitida por el juez de distrito Robert Summerhays implica que las restricciones permanecerán vigentes en la frontera mientras avanza el litigio.

Las restricciones por la pandemia, conocidas como Título 42, se pusieron en marcha en marzo de 2020. Las autoridades sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguraron en ese momento que eran necesarias para frenar la propagación del coronavirus. Desde entonces, más de un millón de migrantes detenidos en la frontera han sido expulsados rápidamente a México u otros países, a menudo a las pocas horas de haber sido capturados.

Biden mantuvo el Título 42 a pesar de las preocupaciones de los expertos médicos, la Organización de Naciones Unidas y miembros de su propio partido, que dijeron que las expulsiones ponían en peligro a los migrantes vulnerables y no era realmente útil, según la ciencia, para frenar los contagios.

En abril, los CDC declararon que el Título 42 ya no es necesario para combatir el covid-19 gracias a las vacunas y otras medidas, por lo que indicó a las autoridades fronterizas que la medida debía levantarse el 23 de mayo. Pero una coalición de dos docenas de estados encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri, todos con fiscales generales republicanos, presentaron una demanda para evitar que el gobierno ponga fin a la política. Summerhays, designado por Trump, aseveró que es necesaria una orden judicial nacional dada la capacidad de los migrantes que cruzan la frontera para moverse libremente de un estado a otro.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense informó a principios de esta semana que realizó 234 mil 88 detenciones de indocumentados en la frontera sur en abril, lo que puso a la administración Biden en la tendencia de alcanzar un segundo récord anual consecutivo de cantidad de migrantes que cruzaron la frontera.

Alrededor de 1.3 millones de migrantes sin papeles han sido detenidos en este año fiscal, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El año fiscal pasado, 1.7 millones de migrantes fueron detenidos y el resultado ha sido ampliamente atribuido a la laxa política de migración de Biden.