l juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantenga vigente el Título 42, una disposición establecida por el ex presidente Donald Trump que permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio, con el pretexto del combate a la propagación del covid-19. El actual mandatario, Joe Biden, anunció que pondría fin a dicha medida a partir de este lunes 23, pero ahora permanecerá operante mientras se tramita en la Corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.
Se trata de la segunda política migratoria relevante del trumpismo que la administración Biden trata de revertir y que debe retomar debido a la sentencia de un juez nombrado por Trump. En agosto pasado, un juez federal con sede en Texas ordenó restablecer los polémicos Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), programa mejor conocido como Quédate en México, el cual obliga a los migrantes que solicitan asilo a Washington a permanecer en territorio mexicano hasta que se defina su trámite en las cortes estadunidenses, un proceso que puede tomar años.
La decisión del juez Summerhays y la demanda presentada por las entidades para impedir que se ponga fin a una política discriminatoria e inhumana es muestra de una enorme hipocresía en la que se usa la pandemia para cancelar derechos humanos básicos, como lo es la petición de asilo. Prueba de ello es que ni Arizona ni Luisiana mantienen ningún tipo de restricción ante la emergencia sanitaria, e incluso han dictado disposiciones que anulan la capacidad de otras instituciones para tomar medidas adicionales. En Arizona, el gobernador prohibió a los gobiernos locales exigir a la población que se vacune contra covid-19, así como proclamar mandatos para el uso de cubrebocas entre menores de edad. Ni siquiera las escuelas públicas pueden exigir a los menores que usen mascarilla sin el consentimiento de sus padres. En Luisiana, la orden de emergencia de salud pública se levantó desde el pasado 14 de marzo, y no existe ningún mandato estatal de vacunación ni del uso de cubrebocas. En Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, ha sido uno de los mayores activistas por la continuidad del trumpismo antimigrante, los gobiernos locales y los distritos escolares tienen prohibido establecer requisitos respecto al uso del cubrebocas.
Por otra parte, estos episodios hablan de que, en materia migratoria, Trump pareciera continuar tras las riendas del poder, lo cual a su vez delata una disfuncionalidad estructural del aparato institucional estadunidense: la posibilidad de que un grupo político o un personaje gobierne más allá de su mandato mediante la designación de jueces abiertamente partidistas y dispuestos a hacer valer sus filiaciones por encima de la ley o de los cambios dispuestos por el voto ciudadano.
