La pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala: desafíos comunes en América Latina

Latinoamérica genera alrededor del 12% de la producción pesquera global y aproximadamente el 3.8% de la acuícola. Este importante volumen de alimentos deriva del trabajo de más de 2.8 millones de personas, que directamente inciden en la actividad extractiva o acuícola; con empleos indirectos, esta cifra puede multiplicarse por un factor de tres. Las mujeres representan el 16% en la parte extractiva y acuícola y entre 45 y 90% en la fase post- captura y post-cosecha, dependiendo del país.

Si bien existen factores locales y particularidades que representan desafíos para la sostenibilidad de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala (PAPE) en cada país, existen denominadores comunes para todos, los cuales es importante visibilizar aprovechando el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, con el objeto de unir esfuerzos para su superación.

Desafíos extrínsecos

Cambio climático. Existen múltiples evidencias, ampliamente difundidas, de diversos efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura. Los subsectores más vulnerables son los artesanales o de pequeña escala, en virtud de su limitada capacidad de respuesta y la alta sensibilidad a estos fenómenos. Las mujeres y hombres de la pesca enfrentan desafíos importantes en zonas donde la abundancia de especies tradicionales se ha reducido por cambios inducidos por el clima, lo que se agrava por la sobrepesca y la contaminación. La acuicultura debe soportar sequías prolongadas que alteran los ciclos productivos y la productividad, acentuados por una mayor incidencia de enfermedades.

Las comunidades pesqueras y acuícolas se ven impactadas por los cada vez más frecuentes fenómenos hidrometeorológicos extremos y por elevación del nivel del mar, que provocan la destrucción de espacios habitacionales y productivos.

Vulnerabilidad ante impactos súbitos externos. La pandemia del Covid19 ha evidenciado la vulnerabilidad de las familias que se dedican a la PAPE ante impactos súbitos externos. La incapacidad de advertir que la pesca y la acuicultura son actividades esenciales privó de alimentos accesibles de buena calidad a la población, al tiempo que impidió la generación de ingresos a las familias dedicadas a estas actividades.

Acceso a mercados internacionales. Existe una tendencia global de mercado hacia la certificación de sostenibilidad e inocuidad de productos pesqueros y acuícolas. Si bien este condicionamiento es un importante incentivo para mejorar la sostenibilidad, el proceso resulta oneroso y fuera del alcance de la PAPE, lo que limita significativamente sus posibilidades de acceder, sin apoyo de agentes externos, a mercados con mejores capacidades de absorción y mejores precios.

Desafíos intrínsecos

Menos pesca. La debilidad institucional para la gestión pesquera, derivada de la carencia endémica de recursos humanos, tecnológicos y financieros es una de las principales causas de la sobrepesca y el declive de los recursos pesqueros. El crecimiento poblacional en las comunidades costeras añade esfuerzo pesquero ante la dificultad de contar con alternativas de ingreso, lo cual acentúa la pesca ilegal y la sobreexplotación pesquera.

Carencia de protección social y mecanismos para dignificar el empleo. Existe un déficit generalizado de mecanismos oficiales de protección social para la PAPE en la región. Más aún, los códigos laborales de la mayoría de los países de la región no incluyen el oficio de “pescador/a” o “acuicultor/a”, lo que dificulta la inclusión de estos trabajadores en esquemas de seguros diferenciados para actividades con riesgo. En la mayoría de los casos no existe ninguna relación contractual entre las pescadoras y pescadores y las y los armadores, lo que les hace más vulnerables, incluyendo a sus familias.

Pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La pesca ilegal es un problema creciente derivado de debilidades institucionales, que distorsiona las estimaciones de biomasa y genera un elevado impacto negativo en los recursos pesqueros, las economías y los medios de vida, particularmente en la pesca artesanal.

Acceso a tecnología, capacitación y capital. La velocidad de los cambios tecnológicos va rezagando a la PAPE, ante su imposibilidad de acceder a estas ventajas, lo cual se refleja en pérdida de competitividad y eficiencia comparada, que contribuye a profundizar su precarización e inhibe sus oportunidades de movilidad social ascendente.

Inequidad de género. Aún con importantes avances en el reconocimiento de la importancia del papel de la mujer y su creciente representatividad en los eslabones post-captura, persisten importantes brechas para alcanzar la igualdad de género en la toma de decisiones y participación de beneficios; así como en la equidad en el acceso a los bienes y espacios productivos.

Sucesión generacional. Un problema creciente es la decisión (muy válida) de las juventudes de emigrar a zonas urbanas, dejando atrás su participación en la actividad pesquera o acuícola comunitaria, en virtud de la creciente precarización de ingresos de estas actividades y la falta de alternativas económicas y oportunidades locales de formación. Lo anterior desarraiga a las juventudes de sus comunidades rurales y genera vacíos en los espacios productivos.

Algunas propuestas y recomendaciones

Contar con mapeos y diagnósticos locales de la vulnerabilidad al cambio climático de la PAPE, como base para diseñar estrategias integrales de adaptación. La velocidad de los cambios derivados del nuevo escenario climático demanda adoptar acciones de forma proactiva para evitar reaccionar de manera tardía.

La PAPE deben considerarse actividades esenciales en ocasión de eventos súbitos extremos para permitir la continuidad del suministro de alimentos y el mantenimiento del empleo. Debe haber un protocolo de evaluación rápida de la intensidad y naturaleza del impacto externo para focalizar mecanismos de asistencia y apoyo de acuerdo con las necesidades, estimulando la recuperación económico-productiva.

Los Estados deben adoptar, con la participación social, prácticas, medidas de ordenamiento y rectoría sectorial que garanticen la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Esto en sí mismo es crear condiciones nacionales que eventualmente serán certificables si se observan de forma estricta y co-responsable.

Otorgar los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de registro, generar información científica para la toma de decisiones y de inspección y vigilancia. En todos estos procesos, la participación de las pescadoras y los pescadores es fundamental. Además, es importante identificar alternativas económico-productivas para liberar la presión concentrada sobre algunos recursos pesqueros.

Identificar los factores que en cada país limitan la inclusión de la PAPE en los sistemas de protección social y promover aquellos de naturaleza autógena (generados y operados por las propias organizaciones). Es urgente garantizar la inclusión de estas trabajadoras y trabajadores en programas de cobertura de salud, pensión por incapacidad o por vejez. Por otro lado, los riesgos asociados con las prácticas de pesca deben ser reconocidos legalmente; así como el mejoramiento de la seguridad ocupacional y una relación laboral enmarcada en la ley.

Una condición básica para propiciar el acceso a nueva y mejor tecnología es la disponibilidad de internet en las comunidades pesqueras, muchas de ellas remotamente ubicadas. Esta debe ser una precondición para iniciar la muy necesaria digitalización de procesos de la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala.

Identificar las brechas de género para promover e instaurar una cultura de igualdad y equidad en el seno de las organizaciones y las comunidades de pescadores y acuicultores.

Analizar las carencias locales que propician la emigración de las y los jóvenes, para solventarlas y evitar el abandono de las actividades pesqueras o acuícolas comunitarias, sin detrimento de las aspiraciones de las nuevas generaciones. •