Buenos Aires., Después de casi 100 años, en un juicio histórico y una investigación sostenida por la voluntad de quienes buscaban la justicia para las víctimas de la matanza de Napalpí, sucedida en la provincia del Chaco el 19 de julio 1924, cuando fueron asesinados más de 400 integrantes de las etnias qom y moqoit, la jueza Zunilda Niremperger responsabilizó al Estado argentino por los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre, y como crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proyecto de genocidio contra los pueblos indígenas.

En la matanza intervinieron fuerzas estatales y colonos, y la justicia pudo avanzar después de años de luchas y silenciamientos, en momentos en que en este país continúan los juicios contra los responsables de los miles de asesinatos y desapariciones forzadas durante la última dictadura militar (1976-1983).

La búsqueda de recuperación de la memoria por verdad y justicia y contra la impunidad, de familiares y víctimas de la pasada dictadura militar y las disposiciones tomadas durante los gobiernos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), continuados a lo largo de las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fueron muy importantes para hacer posible que se escuchara el reclamo sobre los hechos de Napalpí, cuando aún el Chaco no era una provincia sino territorio nacional.

Descendientes de aquellas etnias nunca olvidaron, pero tampoco encontraron quienes escucharan los reclamos más allá de los eternos luchadores por los derechos humanos. Hubo dos libros muy importantes escritos por un descendiente de aquellas víctimas.

La jueza también ordenó medidas reparatorias, así como la continuación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona y la constitución de un sitio de memoria. Se cree que las víctimas fueron muchas más. El sitio de memoria se instalaría donde estaba la administración de la reducción de Napalpí.

Llegar hasta el juicio oral fue un trabajo de años y años para reconstruir la historia del fusilamiento de ancianos niños, mujeres, hombres. Incluso participó un avión que pasaba tirando caramelos para los niños y cuando se reunían varios se les disparaba desde el aire, en una acción de asombrosa perversidad.

Integrantes de las comunidades qom, moquoit y wichi, actuaron como traductores en el juicio.

Fue conmovedor ver que con la bandera argentina, la bandera de la provincia de Chaco y la bandera Wiphala junto a su estrado, la magistrada procedió a “declarar como hecho probado que el sábado 19 de julio de 1924 por la mañana, un aproximado de efectivos de fuerzas de seguridad y civiles llegaron a la zona conocida como El Aguará, en cercanías a la reducción de Napalpí, donde aproximadamente mil personas de las etnias moqoit y qom y colonos santiagueños y correntinos realizaban una huelga en las tolderías en reclamo por las condiciones a las que estaban sometidos.

En la primera acción de policías, militares y civiles que los apoyaban cayeron muertos entre 400 y 300 integrantes de estas etnias, y los heridos y heridas fueron ultimados de las formas más crueles posibles, con entierros en fosas comunes, dijo la magistrada y remarcó que este accionar requirió un grado de preparación que supuso una distribución de roles, traslado de tropas, gran cantidad de armamento y alimentación durante el acampe, además del auxilio de una avioneta previa del hecho.

También determinó que estos hechos ocurrieron en la Reducción de Napalpí con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio con la explotación de las comunidades indígenas en condiciones de vida deplorables, sin educación ni paga, siendo obligados y obligadas a trabajar extensas jornadas para la reducción. Eran frecuentes los abusos en condiciones análogas a la esclavitud, lo que originó la protesta.

Los hechos fueron presentados como un enfrentamiento entre grupos de las comunidades, con cuatro muertos, en un proceso en el que declararon sólo los efectivos y civiles que participaron en la agresión, pero ningún indígena. En paralelo. el oficialismo. durante distintos tiempos obstruyó la investigación a nivel nacional y las generaciones posteriores sufrieron el desarraigo, la pérdida de su cultura y de su idioma.