Por cuarta ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputar a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, por su presunta participación en una red de corrupción que involucraría a funcionarios de distintos ámbitos gubernamentales, entre ellos Julio Scherer Ibarra, ex consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal.

El cambio de juez es una estrategia que busca evitar que haya más dilaciones para que se inicie el procedimiento, aunque una vez más en la diligencia programada hoy, los litigantes podrían no acudir y el Ministerio Público agotará jurídicamente la posibilidad de una comparecencia voluntaria y con ello estaría en condiciones de solicitar la orden de aprehensión, señalaron fuentes ministeriales.

Si se realiza la diligencia programada a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, entonces la fiscalía los acusará como presuntos responsables de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los cuatro litigantes fueron denunciados a fines del año pasado por el abogado Juan Collado Mocelo por intentar extorsionarlo para que les entregara 10 millones de pesos en efectivo y un millón y medio de dólares para obtener, con el supuesto apoyo de Julio Scherer, su libertad, ya que desde julio de 2019 enfrenta varios procesos penales. El expediente que inicialmente fue puesto a consideración del juez José Rivas González, con sede en el Reclusorio Norte, ahora fue judicializado para que conozca de las acusaciones un impartidor de justicia con sede en el Reclusorio Sur.

La primera vez que se difirió la audiencia fue en febrero, luego de que la defensa de los abogados argumentó que no conocían plenamente el contenido de las investigaciones. En marzo se pospuso por segunda ocasión debido a que Isaac Pérez Rodríguez, uno de los litigantes investigados, se contagió de covid-19, y Omar González Hernández obtuvo la suspensión de un juez federal contra orden de aprehensión, detención, presentación y/o comparecencia que se haya librado en su contra.

La tercera ocasión que se aplazó fue en abril, cuando los defensores de uno de los investigados presentaron una constancia de haber dado positivo a covid-19 y otros dos coinculpados argumentaron haber tenido contacto con él y desconocer si también contrajeron el virus.